El Principio de Proporcionalidad y los Derechos Fundamentales - Carlos Bernal Pulido (4ta Edición)

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intervenciones en un derecho fundamental sean tenidos
en cuenta todos los demás principios constitucionales que
jueguen a favor de la constitucionalidad de la ley. Dicho de
manera conjunta, siempre que a primera vista no aparezca
claro si una ley es inconstitucional, es preciso considerar
que la ley interviene prima facie en el derecho fundamental
respectivo, para examinar de este modo su constitucionalidad;
y, en dicho examen es necesario tener en cuenta todos
los principios constitucionales que jueguen a favor y en
contra de la constitucionalidad de la ley. Si un caso dudoso
es tratado como un caso difícil se cumplirán las exigencias
de estos principios de la interpretación constitucional; si, por
el contrario, se resuelve como un caso fácil, no solo dejarán
de cumplirse estas exigencias, sino que el fallo adoptado
por el Tribunal Constitucional quedará respaldado por una
fundamentación deficiente101.
101 Esta clase de deficiencia en la fundamentación de las decisiones de
constitucionalidad en las cuales no han sido tenidos en cuenta todos los
principios constitucionales relevantes se puede mostrar claramente mediante
un ejemplo. En la st c 115/1987 el Tribunal debía pronunciarse acerca de la
constitucionalidad del art. 7 de la Ley de extranjería, según el cual siempre
que los extranjeros quisieran organizar una reunión pública debían solicitar
una autorización administrativa. En el F. J. 2o de la sentencia, el Tribunal
sostuvo que esta norma legislativa vulneraba el contenido esencial del art.
21.1 CE, que establece: "se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas.
El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa". Según el Tribunal,
la solución para este caso emanaba claramente del art. 21.1 CE, porque este
no prevé ninguna diferencia entre los españoles y los extranjeros en cuanto
al ejercicio del derecho de reunión sin necesidad de autorización previa. Sin
embargo, los magistrados F. R u b io L l ó r e n t e, F. T o m á s y V a l ie n t e y F. G a r c ía
M o n hicieron explícito, en su voto particular, que la fundamentación de la
sentencia era deficiente, porque no había tenido en cuenta el art. 13.1 CE,
según el cual: “Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas [...]
en los términos que establezcan los tratados y la ley". El caso habría debido
ser tratado como un caso difícil. El art. 13.1 CE era relevante, porque la
restricción objeto del control de constitucionalidad era una restricción
legislativa. Una fundamentación correcta y exhaustiva habría tenido que
ocuparse del interrogante de hasta qué punto la restricción introducida
por el Legislador estaba fundada en otros principios constitucionales y era
proporcionada. La sentencia soslayó por entero este problema, desconoció