El Principio de Proporcionalidad y los Derechos Fundamentales - Carlos Bernal Pulido (4ta Edición)

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empíricas. Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que, como
ya aclaramos en el apartado anterior, las relaciones entre el
fin inmediato de la ley y su fin mediato (el principio constitucional
que la sustenta) son de índole analítica. Veámoslo.
No cabe ninguna duda de que el examen de idoneidad
de las intervenciones del Legislador en los derechos fundamentales,
en relación con su fin inmediato, tiene un carácter
empírico. En este examen, el Tribunal Constitucional
analiza si los conocimientos generales de la sociedad y los
conocimientos especializados de la ciencia y de la técnica
permiten llegar a la conclusión de que la medida adoptada
por el Legislador tiene capacidad para contribuir a alcanzar
su finalidad inmediata. Por ejemplo, en la sociedad existe
un convencimiento difundido de que las sanciones penales
son un instrumento eficaz de prevención general, que tienen
un cierto grado de idoneidad para evitar que los individuos
cometan las acciones tipificadas como delito. Con base en
este convencimiento, el Tribunal Constitucional utiliza en el
examen de idoneidad la premisa empírica (avalada por los
conocimientos generales y por los específicos de la sociología
y de la criminología) según la cual la tipificación de una conducta
como delito es un medio que contribuye a evitar que
esa conducta sea realizada por los individuos. Una premisa
empírica de este talante constituyó, por ejemplo, la pieza clave
de la argumentación del F. J. 27° de la stc 136 /1999, en la que
el Tribunal consideró que el art. 174 bis a) del Código Penal
-"el que obtenga, reciba o facilite cualquier acto de colaboración
que favorezca la realización de las actividades o la consecución de
los fines de una banda armada [...] y cualquier otra forma de cooperación,
ayuda o mediación, económica o de otro género, con las
actividades de las citadas bandas"- era una medida legislativa
idónea para su fin inmediato: "contribuir a evitar la realización
de actos de colaboración con una organización terrorista"m .
219 Cfr. sobre esta misma premisa empírica la s t c 207 /1996, F. J. 11°.