El Principio de Proporcionalidad y los Derechos Fundamentales - Carlos Bernal Pulido (4ta Edición)

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fundamental solo debe catalogarse como legítimo cuando
se trata de otro derecho fundamental. Por otra parte, podría
adoptarse una postura un poco más amplia, que aceptara
que, además de los derechos fundamentales, también otros
principios constitucionales pueden erigirse como fundamento
legítimo de tales intervenciones.
La primera de estas definiciones alternativas tiene un
carácter señaladamente liberal. Dicha definición está fundada
sobre la base del convencimiento de que la libertad
únicamente puede ser restringida por causa de la propia
libertad. No obstante, como ya tuvimos ocasión de observar
en el Capítulo Tercero, esta posición, defendida paradigmáticamente
por R a w l s, desemboca en una interpretación
exacerbadamente individualista del sistema de derechos
fundamentales, que hace casi imposible que el Parlamento
pueda trazarse objetivos útiles para la comunidad en general.
Junto a los derechos fundamentales, también los bienes
colectivos y los bienes jurídicos garantizados por otros principios
constitucionales constituyen fines que legítimamente
pueden fundamentar la intervención del Legislador en las
posiciones iusfundamentales prima facie.
Por su parte, la segunda definición alternativa se apoya
en la idea, a primera vista bastante plausible, de que los
derechos fundamentales no pueden ser restringidos sino en
razón de otros principios que tengan su misma jerarquía en
el ordenamiento jurídico, es decir, que formen parte de la
Constitución146. En otros términos, se trata de la convicción
146 El Tribunal Constitucional parece haberse inclinado por esta tesis en la stc
22 /1984, E J. 3o, en la que sostuvo: "Existen, ciertamente, fines sociales, que deben
considerarse de rango superior a algunos derechos individuales, pero ha de tratarse de
fines sociales que constituyan en sí mismos valores constitucionalmente reconocidos
y la prioridad ha de resultar de la propia Constitución. Así, por ejemplo, el art. 33
delimita él derecho de propiedad de acuerdo con su función social. No ocurre esto
en materia de inviolabilidad del domicilio, donde la Constitución no dice que deba
sacrificarse a cualquier fin social, que, en general, será de rango superior por serlo
y únicamente menciona de modo expreso la persecución de un delito flagrante como