El Principio de Proporcionalidad y los Derechos Fundamentales - Carlos Bernal Pulido (4ta Edición)

existe ninguna contraposición entre la proporcionalidad y
el principio de unidad de la Constitución. Por el contrario,
debe concluirse que gracias al principio de proporcionalidad
es posible fundamentar la solución de los conflictos entre
normas y posiciones adscritas prima facie a las disposiciones
de la Constitución; o de otra manera, que en virtud de dicho
principio es posible aclarar los límites semánticos que
separan entre sí a los enunciados constitucionales, mediante
un procedimiento racional de fundamentación en el cual se
tienen en cuenta todos los derechos y los bienes implicados
y todas las razones a favor y en contra de cada una de las
posiciones en conflicto.
Asimismo, ni el principio de proporcionalidad ni la
ponderación hacen perder su entidad a los derechos fundamentales,
ni su aplicación implica que uno de los bienes
en conflicto se vea realizado a costa del otro. Los derechos
fundamentales son unas entidades conformadas por una
disposición constitucional a la cual se adscriben posiciones
y normas iusfundamentales, algunas con carácter prima facie
y otras con carácter definitivo. Bien podría aseverarse que
el principio de proporcionalidad actúa en desmedro de los
derechos fundamentales, como entidades jurídicas, si como
consecuencia de su aplicación las disposiciones iusfundamentales
dejaran de existir o las normas y disposiciones
definitivas dejaran de ser aplicadas. No obstante, ha de
reconocerse que como consecuencia de dicho principio no se
sigue nunca la derogación o abrogación de una disposición
iusfundamental, ni la inaplicación -sacrificio- de las normas
y posiciones iusfundamentales con carácter definitivo. Como
hemos aclarado en la Primera Parte, las normas iusfundamentales
definitivas se aplican mediante la subsunción y
no mediante el principio de proporcionalidad. La función
de este principio, por el contrario, es fundamentar un ju i­
cio acerca de cuáles de las posiciones y normas prima facie,
que pueden ser adscritas a un derecho fundamental, deben
concretarse en normas y posiciones con carácter definitivo.