El Principio de Proporcionalidad y los Derechos Fundamentales - Carlos Bernal Pulido (4ta Edición)

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norma legal (N ) probablemente determine la merma en la
realización del derecho fundamental (DF). Esta proposición
constituye la seña de identidad de toda intervención en un
derecho fundamental. Si una norma legal (N ) cumple sus
condiciones, debe ser considerada como una intervención
en el derecho que resulta afectado.
Ahora bien, conviene advertir que toda norma legal que
cumpla con estas exigencias y que sea considerada como una
intervención en un derecho fundamental está prohibida prima
facie. Dicho de manera más explícita, si una acción, situación,
posición, norma o propiedad puede ser incluida prima facie
en el ámbito de protección incial de un derecho fundamental,
existe un derecho fundamental prima facie a que esa acción,
situación, posición, norma o propiedad no sea afectada negativamente
por el Legislador y, por ende, cualquier norma
legal que la afecte está prohibida prima facie93.
Asimismo, por efecto del principio in dubio pro libértate
y del principio de máxima eficacia de los derechos fundamentales,
cuando en un caso dudoso se presente la incertidumbre
de si una norma legislativa llena las exigencias
propias para ser considerada como una intervención en un
derecho de esta índole, a dicha norma debe otorgarse este
status. La catalogación de una norma legislativa como una
intervención en un derecho fundamental no implica automáticamente
su inconstitucionalidad, sino solo presupone
que contra dicha norma deben hacerse valer las garantías
y los mecanismos de protección formales y materiales de
los derechos fundamentales, y que entre ellos, en el examen
de proporcionalidad, será preciso analizar la justificación
que la norma legislativa pueda invocar a su favor94. Si en
93 Cfr. A l e x y . Teoría de los derechos, cit., pp. 294 y ss.
94 Esta carga de argumentación a favor de los derechos fundamentales ha sido
reconocida explícitamente por el Tribunal Constitucional en la stc 26/1981,
F. J. 16°: "cuando se ha producido una limitación o un parcial sacrificio de derechos
básicos que la Constitución reconoce a los ciudadanos, dado que el supuesto que se