El Principio de Proporcionalidad y los Derechos Fundamentales - Carlos Bernal Pulido (4ta Edición)

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y de análisis fáctico de que dispone el Tribunal aminoran la
verosimilitud de sus pronósticos y de sus consideraciones
sobre los acontecimientos sociales.
Ante esta problemática, se suele afirmar que el Tribunal
Constitucional no debe declarar inconstitucional una
ley sino únicamente cuando sea evidente que sus normas
contradicen las normas adscritas que sea posible derivar
con certeza de las disposiciones iusfundamentales. Esta
idea, basada en la presunción de constitucionalidad de la
ley, tiende a exigir del Tribunal la utilización de premisas
exentas de incertidumbre en la fundamentación de normas
adscritas contrarias a la ley. De acuerdo con esta postura, el
Tribunal solo puede intervenir en la órbita del Legislador
declarando la inconstitucionalidad de las leyes, en caso
de evidencia, es decir, cuando no quepa ninguna duda de
que la norma legislativa transgrede una norma adscrita al
texto constitucional. La incertidumbre juega a favor de la
ley, porque se presupone que la falta de certeza de la jurisdicción
constitucional en el conocimiento de los fenómenos
implícitos en el juicio sobre la legislación se suple con las
garantías que ofrece el procedimiento legislativo, estructurado
sobre la base de la deliberación entre los representantes
de la sociedad9.
A esta posición, no obstante, cabe oponer diversas objeciones.
En primer lugar, puede criticársele que en el terreno
de los derechos fundamentales casi nunca hay evidencias.
La indeterminación de las disposiciones iusfundamentales,
su tendencia a entrar en conflicto y su nítida vinculación con
disputas ideológicas hacen que en este ámbito lo certero sea
muy reducido. Casi todos los problemas de los casos reales
se sitúan por fuera del campo de las certezas absolutas. Por
esta razón, la idea de limitar las posibilidades de declarar
9 Cfr. sobre este argumento y sus críticas, R a a b e . Grundrechte und Erkenntnis,
cit., pp. 17 y ss.