Panorama Estratégico 2005/2006 - Portal de Cultura de Defensa ...

contribuyendo a desmantelar la cobertura que algunos países concedían a
las finanzas terroristas, como fue el caso de Libia, Arabia Saudí o Pakistán.
En la actualidad, el Programa de Ayuda Antiterrorista desarrollado por
el departamento de Estado desde 1983, la política de visados y el riguroso
control en frontera que están aplicando las autoridades norteamericanas,
junto con la actividad de la Oficina para la Seguridad Interior, constituyen
partes esenciales de la política antiterrorista de los Estados Unidos
que está operando como un decisivo factor de impulso en la conformación
de un frente internacional contra el terrorismo islamista.
No obstante, al amparo de la renovación del Acta Patriótica de los
Estados Unidos, aprobada en el 2001, se suscitó un importante debate
nacional y se movilizaron algunas iniciativas legales para clarificar los límites
jurídicos, políticos y morales que debían establecerse a las medidas
antiterroristas adoptadas por el poder ejecutivo. La cuestión de la compatibilidad
entre las condiciones reales en las que se encuentran los prisioneros
recluidos en Guantánamo y las exigencias del ordenamiento
constitucional norteamericano, ha sido objeto de sentencias judiciales que
están obligando a la Administración Bush a modificar la política de hechos
consumados que había venido aplicando hasta ahora. Poco a poco se va
abriendo camino en la sociedad estadounidense, la necesidad de encontrar
el equilibrio entre el respeto a los derechos humanos y las libertades
civiles, de una parte y la aplicación eficaz de medidas disuasorias y represivas
contra el terrorismo, de otra. Un equilibrio que se rompió tras el 11-
S por las reacciones políticas, legales y policiales que desencadenaron los
atentados terroristas.
LA POLÍTICA DE ARMAMENTO Y LAS ARMAS DE DESTRUCCIÓN
MASIVA
Una de las principales preocupaciones de la política antiterrorista de
Washington es el riesgo de que los grupos terroristas accedan al uso de
armas de destrucción masiva, ya que ello provocaría tres efectos inevitables:
un desproporcionado aumento en el número de víctimas y la capacidad
destructiva ocasionados por los atentados terroristas respecto de
los conocidos hasta ahora; una capacidad de chantaje político de los grupos
terroristas sobre los gobiernos difícil de eludir o de enfrentar y una
devaluación de la confianza de los ciudadanos en las políticas antiterroristas
que mermarían ostensiblemente su eficacia.
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