Panorama Estratégico 2005/2006 - Portal de Cultura de Defensa ...

nativo, de emergencia o «Plan B», se explica fácilmente: la Declaración
número 20 de la Constitución Europea (en la que se establecía que si llegado
octubre de 2006, cuatro quintos de los Estados miembros habían
ratificado el texto pero cinco o menos Estados habían «encontrado dificultades»,
«el Consejo Europeo se reuniría para examinar la situación»)
implicaba que los 25 contaban de antemano con algún tipo de rechazo en
algún Estado miembro. Sin embargo, se daba por hecho que éste se produciría
en países como el Reino Unido, Dinamarca o la República Checa,
lo que permitiría a la Unión Europea establecer acuerdos que permitieran
que el proceso de integración siguiera adelante. Por el contrario, el «No»
en un país fundador, especialmente en Francia, ha tenido un efecto paralizante
ya que al constituir éste país una pieza clave de su engranaje el
proceso de integración no puede continuar sin él. Por tanto, pese a las
intenciones mayoritarias que sugería la Declaración número 20, los
«Noes» francés y holandés han puesto en evidencia que al menos en lo
que se refiere a los procedimientos ratificatorios, la Constitución Europea
constituye un tratado internacional, lo que significa que el requisito de
unanimidad es insoslayable.
Un factor de dificultad añadido en la resolución de la actual crisis constitucional
proviene del hecho de que el proyecto de Constitución Europea
refundía todos los Tratados existentes, es decir: lo sometido a votación no
era un Tratado complementario sino todo el corpus legal de la Unión
desde los Tratados de Roma de 1957. En el pasado, los electores daneses
pudieron rechazar el Tratado de Maastricht, igual que hicieron los
irlandeses con el Tratado de Niza, sin que de ello se dedujera una crítica
a los Tratados de Roma de 1957, que siguieron en vigor y plenos de legitimidad
política. Hoy, más allá de la protesta ciudadana o la crisis de confianza
en la Unión, el hecho de que el TCE conste de tres partes diferenciadas
(una primera en la que se encuentra la auténtica novedad constitucional,
una segunda que contiene la Carta de Derechos Fundamentales,
que ya había sido aprobada por los Estados miembros, y una parte tercera,
que refunde y mejora los tratados anteriores) hace imposible discernir
el sentido exacto del voto negativo de los ciudadanos franceses y holandeses.
No parecería lógico que el «No» francés se predicara sobre las partes
primera y segunda del texto constitucional, por constituir éstas un progreso
indudable en términos de eficacia política y calidad democrática de
la Unión, pero tampoco tiene sentido que se predicara sobre la parte tercera,
por cuanto representa políticas y tratados (Niza, la Unión Económica
y Monetaria) que están ya sustancialmente en vigor y sobre los cuales es
imposible plantear una marcha atrás.
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