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LA SITUACIÓN DE LOS REFUGIADOS EN ESPAÑA
De este modo, algunas Administraciones empezaron a instrumentalizar el
movimiento asociativo de inmigrantes y refugiados para tener a su disposición
interlocutores que asumieran de manera acrítica sus políticas. Hay incluso voces
que denuncian que este papel privilegiado ha convertido a algunas asociaciones
también en “apetecibles referentes para instituciones como embajadas y consulados
de sus países de origen, que pretenden mantener contacto con sus nacionales,
en ocasiones para captar simpatías políticas ante procesos electorales” (como
sucede, por ejemplo, con los consulados de Colombia y Argentina) 5 .
En todo caso, conviene tener presente que el ámbito de actuación de las asociaciones
de refugiados e inmigrantes está muy relacionado con el desarrollo del
proceso migratorio de cada uno de los colectivos, ya que los que llegaron hace más
tiempo (los marroquíes o los senegaleses, por ejemplo) han abandonado ya las
actividades de carácter asistencial y han pasado a una etapa más reivindicativa.
Del mismo modo, las características de los distintos procesos migratorios
inciden en el tipo de asociación escogida y en la dinámica de su funcionamiento.
Por ejemplo, se aprecia una marcada orientación en los refugiados a participar
en asociaciones de defensa de los derechos humanos. En cuanto a la movilización
para la reivindicación de los derechos sociopolíticos en España se da
con perspectivas de permanencia; si existe un proyecto de retorno, la movilización
suele ir encaminada a preservar el grupo de origen y la identidad de todos
los posibles cambios y asimilaciones que conlleva la integración o el contacto
con la sociedad de acogida.
Todavía está pendiente el reto de la construcción de un verdadero movimiento
asociativo de inmigrantes y refugiados con capacidad de influencia social y política.
Las organizaciones existentes, en su mayor parte muy noveles, son débiles,
adolecen de una escasa base social, tienen intereses heterogéneos y, además, la
inmensa mayoría de los más de cuatro millones de trabajadores inmigrantes que
viven en España y de las más de dos mil personas que tienen el estatuto de refugiado
no están asociados.
Tampoco la Ley de Extranjería promueve la participación y la integración
social de los inmigrantes ya que la distinción que establece entre “regulares” e
“irregulares” propicia la exclusión social de estos últimos. Esta norma restringe
el reconocimiento de derechos políticos, civiles y sociales básicos a la situación
administrativa regularizada: la libertad de reunión y manifestación, de
asociación, sindicación y huelga sólo la pueden ejercer los extranjeros que tiene
permiso de residencia. Asimismo, por las insuficientes políticas públicas de
atención e integración social, los inmigrantes quedan abocados a unas precarias
condiciones de inserción (desigualdad salarial, ocupación en sectores
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