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LA SITUACIÓN DE LOS REFUGIADOS EN ESPAÑA
protección de los menores en Marruecos. Sin embargo, proyectos como la creación
de centros para menores repatriados impulsan la Comunidad de Madrid o la
Generalitat de Cataluña en la región de Tánger-Tetuán, están abocados al fracaso
porque ignoran el interés del menor y las razones de fondo de la migración de
menores marroquíes a España; y al contrario, son sólo una expresión más de las
políticas de externalización del control de los flujos migratorios.
Desde que conoció que la legislación de Extranjería planteaba como objetivo
central la reagrupación familiar en su país de origen de los menores no acompañados,
en el marco de las excelentes relaciones entre España y Marruecos en materia
de política migratoria, CEAR supo que en la mayor parte de los casos este tipo de
actuaciones no se ajustarían a la legalidad nacional e internacional. La misma preocupación
existe respecto a los acuerdos migratorios suscritos con otros países africanos,
que incluyen los casos de menores no acompañados, acuerdos que no respetan
los derechos humanos ni de sus ciudadanos ni de los migrantes en tránsito
por su territorio.
Cuando CEAR se percató de las condiciones en que se realizaban las repatriaciones,
por los testimonios de los afectados que llegaban desde Marruecos, concluyó
que era necesario actuar ante los tribunales por el escaso cumplimiento de la
legalidad. La mejor opción es la interposición de un recurso contencioso-administrativo
de protección de los derechos fundamentales por estar recurriéndose
una resolución administrativa, ante el riesgo que entraña la repatriación para la
integridad del menor por la situación en que se le deja en Marruecos, las irregularidades
en el procedimiento realizado por la policía (no hay ni notificación ni trámite
de audiencia previo en el que el menor pueda expresar su opinión), así como
por que este tipo de recursos deben tramitarse de manera preferente por los juzgados
y son resueltos en un plazo inferior a un año.
Estos recursos van acompañados de una petición urgente al juez para que suspenda
la ejecución de la repatriación de manera inmediata a través de una medida
cautelarísima. En muchas ocasiones los jueces adoptan estas medidas ya que si no
se suspende la repatriación y el menor es conducido a la fuerza a su país, una sentencia
posterior favorable a su voluntad de permanecer en España carecería de
sentido.
Para poder presentar todos estos recursos, ante la pasividad de la comunidad
autónoma correspondiente (responsable de la tutela de los menores), se ha creado
una red de abogados de organizaciones sociales, como SOS Racismo, CEAR y, en el
caso de Madrid, también la Coordinadora de Barrios, que disponen incluso de un
teléfono de guardia permanente para que los muchachos puedan avisar del intento
de repatriación. Esto implica tener que actuar a primera hora de la mañana, antes
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