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INFORME 2007 DE CEAR
impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (derechos económicos,
sociales y culturales) de 1997: en primer lugar, debería organizarse un
encuentro periódico “de alto nivel” para estimular una discusión profunda sobre la
impunidad de los autores de violaciones de los derechos económicos, sociales y
culturales; y, en segundo lugar, apuntó, “las ONG deberían ser alentadas a crear un
organismo que controle el ejercicio y la protección de los derechos económicos
y sociales del ser humano” 3 .
La jurisprudencia ha ido adaptando la definición de refugiado a la actual situación
de crisis mundial en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Por
ejemplo, el 13 de abril de 2000 la Alta Corte Australiana subrayó, en el caso Chen Shi
Hai contra el Ministerio para la Inmigración y los Asuntos Multiculturales: “De forma
ordinaria, la denegación de acceso a alimentación, vivienda, tratamiento médico y, en
el caso de los niños, la denegación de una oportunidad de obtener educación conlleva
tan significativo desvío de los estándares del mundo civilizado como para
constituir ‘persecución’”.
En términos similares se pronunció el 1 de abril de 1993 la Corte Federal
canadiense en el caso Cheung contra el Ministerio de Trabajo e Inmigración, al
señalar: “Si la menor de edad fuese devuelta a China, experimentaría en su propia
persona tan severa y concertada discriminación, incluyendo privación de cuidados
médicos, educación y oportunidades laborales e incluso alimentación, que constituiría
persecución”.
Asimismo, la jurisprudencia estadounidense reconoció el 11 de julio de 2003,
en el caso Abraham Baballah contra el Fiscal General: “Daños puramente económicos
pueden elevarse al nivel de persecución cuando existe una probabilidad de
imposición deliberada de desventajas económicas sustanciales”. Por tanto, la
denegación absoluta de empleo o medios de vida, la sumisión exclusiva a trabajos
peligrosos o inapropiados y obligatorios supondría persecución.
Ésta tiene lugar cuando se produce una ruptura de la protección que debería
otorgarle su Estado: cuando dicha persecución se produce directamente por agentes
estatales, es promovida o tolerada por el propio Estado o cuando éste es incapaz
de reaccionar. En este contexto, cobra especial importancia la imputable a terceros
agentes no estatales que, con la connivencia o la tolerancia de los Estados, cometen
violaciones de los derechos humanos, en este caso de los derechos económicos,
sociales y culturales, que pueden dar lugar al reconocimiento de la condición de
refugiado.
En muchos países del Sur es muy relevante la persecución que puede imputarse
a las transnacionales. Por ejemplo, las violaciones cometidas por las grandes
empresas energéticas (petroleras, gasísticas, eléctricas…) a lo largo y ancho del
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