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INFORME 2007 DE CEAR
pero el 12 de julio de 2002 la UE aprobó una directiva sobre tratamiento de la información
contenida en las comunicaciones electrónicas que permitía, sin limitaciones
ni control judicial, la interceptación de comunicaciones electrónicas con fines
antiterroristas. Y el 23 de julio de 2003 firmó un convenio de extradición con
Estados Unidos que este país exigía desde los días posteriores al 11-S.
Otra muestra de las contradicciones que atraviesan las políticas europeas
de combate al terrorismo fue la Posición adoptada por el Consejo comunitario de
Laeken en 2004, que reivindicó la necesidad de abordar esta lucha respetando los
derechos humanos de todas las personas. Sin embargo, aquel mismo año tanto la
Comisión Europea como el Consejo de Europa suscribieron sendos acuerdos con
Estados Unidos sobre transferencias de datos personales de los pasajeros que vuelan
allí desde territorio europeo, una transferencia que no debía contar con el consentimiento
de los pasajeros afectados, aunque en una sentencia de 30 de mayo de
2006 el Tribunal de Justicia de la UE anuló estos acuerdos al entender que vulneraban
el derecho a la intimidad y a la privacidad de las personas.
La Unión Europea, en especial algunos países miembro, también ha sucumbido
a la tentación de “legislar en caliente” después de un atentado o una alarma del
mismo. Esta tentación tiene consecuencias técnico-jurídicas muy graves en la
inmensa mayoría de los casos, ya que no se aprueban nuevas herramientas legales
por su eficacia o idoneidad, sino sólo para contentar a una opinión publica en
demasiadas ocasiones previamente asustada o agitada tras una “alarma antiterrorista”
de origen difuso o desconocido 10 .
Así, antes de los atentados de Londres del 7 julio de 2005, y a pesar de que
tenía ya en vigor una completa legislación antiterrorista aprobada a lo largo de los
años para combatir al Ejercito Republicano Irlandés (IRA), el Reino Unido aprobó
profundas reformas legislativas que sin duda afectan al núcleo central de los derechos
inherentes a la persona, a los derechos civiles básicos de cualquier individuo
en un Estado de derecho. En primer lugar, se aceptó la detención policial indefinida
de extranjeros sin necesidad de orden judicial o de formular acusación alguna,
aunque esta drástica medida debió reemplazarse después por “estrictos mecanismos
de control” policial sobre los extranjeros sospechosos de terrorismo.
En segundo lugar, se amplió de 14 a 28 días el periodo de detención policial de
ciudadanos británicos sin necesidad de formular cargo alguno contra el detenido
y sin que éste compareciera ante un juez. Y, en tercer lugar, se introdujeron varias
medidas que suponen importantes limitaciones de la libertad de expresión con la
excusa de combatir eficazmente el terrorismo.
Hasta el momento Polonia es el único país comunitario que ha reconocido
abiertamente su colaboración con Estados Unidos en las ilegales prácticas de
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