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INFORME 2007 DE CEAR
La reforma de la normativa internacional de salvamento marítimo establece
que los Estados implicados deben “cooperar” con el capitán del buque que haya
recogido a los náufragos para garantizar el desembarco en un puerto seguro. Es
preciso, por tanto, analizar el comportamiento de los Estados implicados en la
resolución de la crisis humanitaria de los náufragos salvados por el Francisco
y Catalina y su grado de cumplimiento del deber de cooperación con el capitán.
El Gobierno maltés se negó de manera tajante a acceder a la petición de entrada
en puerto del Francisco y Catalina y envió incluso una patrullera con varias
metralletas a bordo para impedirlo si era necesario. El capitán pretendía desembarcar
a los náufragos y retomar su trabajo, puesto que cada día sin pescar les generaba
unas pérdidas aproximadas de diez mil euros. Sin embargo, la cerrazón de
Malta abrió paso a un proceso de negociación entre los tres países involucrados:
Libia, de cuyo territorio supuestamente había salido la barcaza y que debía haberse
encargado del rescate, Malta, como primer país de la UE al que se comunicó la
situación de estas 51 personas, y España, bajo cuya bandera navegaba el pesquero.
El principal objetivo de Malta, España y la Unión Europea durante aquellos
días fue hacer efectiva la repatriación de los náufragos. El Gobierno español logró
que la identificación de estas personas se produjese a bordo con la intención de
proceder a su inmediata devolución; dos policías españoles procedentes de Canarias
expertos en extranjería accedieron al pesquero y señalaron que 45 personas
procedían de Eritrea, cinco de Marruecos y una de Pakistán.
Las abundantes noticias y artículos que aparecieron durante aquellos días de
julio de 2006 en todos los medios de comunicación sobre la odisea del Francisco
y Catalina sólo hablaban de los náufragos como “inmigrantes sin papeles” que debían
ser repatriados, en muy pocos casos se mencionó la posibilidad de que entre
ellos hubiera personas susceptibles de merecer protección internacional por proceder
de países en conflicto.
Ante la dificultad de alcanzar un acuerdo, las partes implicadas en este conflicto
diplomático coincidieron en la necesidad de repartir de los 51 náufragos
entre algunos de los países con más protagonismo en la crisis o más próximos
territorialmente. Se ocuparían de su repatriación o de la permanencia en su territorio
nacional. Ninguno de los gobiernos que intervinieron en las negociaciones
expresó la necesidad de que fueran, al menos, trasladados a países que hubieran
suscrito la Convención de Ginebra.
Sólo algunas organizaciones no gubernamentales, entre ellas CEAR, exigieron
públicamente que se preservara el derecho de estas personas a acceder al procedimiento
de asilo y plantearon como condición mínima que fueran trasladados a países
firmantes de la Convención de Ginebra que pudieran protegerlas de una repatriación
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