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INFORME 2007 DE CEAR
resolver un recurso de la organización Andalucía Acoge contra algunos artículos del
Reglamento de Extranjería. En relación a los CIE, el Tribunal Supremo estableció
que lugares como éstos, donde se priva de derechos básicos a los internos, deben
estar regulados por una ley orgánica al tratarse de derechos fundamentales.
Además, anuló la posibilidad, prevista entonces en el Reglamento, de internar
en un CIE a las personas detenidas en las inmediaciones de un punto fronterizo
que debían ser objeto de devolución, porque al producirse una privación de libertad,
no podía ser una norma de rango tan inferior como un Reglamento la que lo
permitiera. Aquella sentencia implicaba la necesaria puesta en libertad de estas
personas al cumplirse el plazo de 72 horas y prohibía que se denominaran centros
de internamiento a lugares no habilitados como tales, como los calabozos de una
comisaría o la sala de rechazo de un aeropuerto, como sucedía hasta entonces.
Ante este varapalo judicial, el Gobierno, lejos de cumplir con la legalidad
vigente, procedió a realizar una reforma urgente de la Ley de Extranjería para convertirla
en una ley orgánica y evitar así otra decisión judicial similar en el futuro.
Con el consenso de los dos partidos políticos mayoritarios, se aprobó una reforma
que afecto a los CIE y se utilizó para introducir otras discriminaciones y arbitrariedades.
La regulación actual de los derechos y obligaciones de las personas internadas
en estos centros está recogida en el artículo 62 de la Ley de Extranjería, dentro
del título dedicado al régimen sancionador. Este artículo tiene una fórmula de
apartados atípica en la legislación española, consecuencia de la citada sentencia del
Tribunal Supremo.
El artículo 62 bis define los derechos de los internos, en una relación de nueve
apartados en los que se recogen el derecho a ser informados, a que se protejan sus
vidas y su integridad física, su dignidad e intimidad, a recibir asistencia sanitaria
y jurídica adecuadas, a que se comunique a una persona de su entorno, a su
Consulado y a su abogado el ingreso en el CIE y a poder comunicarse con ellos en el
horario establecido y con garantías de reserva en el caso del letrado, a ser asistidos
por un intérprete de manera gratuita, si lo requieren, y a tener consigo a sus hijos
menores de edad.
El artículo 62 ter determina las obligaciones de los internos en cinco apartados
y así les impone permanecer en el CIE a disposición del juez que haya autorizado
su ingreso, cumplir las normas de régimen interno y las instrucciones de los
funcionarios, mantener una actitud de respeto hacia éstos y el resto de internos
y someterse a un reconocimiento médico al ingresar y salir del centro.
El artículo 62 quáter regula las informaciones que deben recibir los internos
y las posibles reclamaciones que pueden interponer. Destaca la necesaria información
de sus derechos y obligaciones al ser internados y la posibilidad de dirigir una
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