entinema - Acnur

INFORME 2007 DE CEAR
A partir de esta realidad y de la definición de refugiado contenida en la
Convención de Ginebra 2 , cabe preguntarse, en primer lugar, si la violación de los
derechos económicos, sociales y culturales puede ser interpretada como un
supuesto de persecución que merece el reconocimiento de la condición de refugiado
y, en segundo lugar, en qué medida puede darse una respuesta jurídica creativa
a estos nuevos casos que merecerían la protección internacional.
La definición contenida en la Convención de Ginebra, establecida en el contexto
histórico de los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial desde una
visión eurocéntrica, ha sido actualizada por la jurisprudencia y la doctrina, principalmente
en el mundo anglosajón, para adaptarla a los cambios políticos, sociales
y económicos y, sobre todo, a las nuevas formas de persecución. Sin lugar a dudas,
es en los elementos de la “persecución” y del “nexo causal” donde se han concentrado
mayores esfuerzos.
En cuanto al elemento de la persecución, no existe una definición aceptada de
modo universal. De manera esquemática, podemos afirmar que en el sentido que
le otorga la Convención de Ginebra engloba cualquier “daño grave” cuando existe
una quiebra en la protección brindada por el Estado de origen.
En la jurisprudencia y en la normativa internacional de derechos humanos
existen precedentes que contribuyen a iluminar este debate. Así, por ejemplo, en
1993, en el caso Ward contra Canadá (quizá el más relevante resuelto jamás, con
una sentencia de argumentación brillante), la Corte Suprema de este país reconoció:
“Subyace en la Convención (de Ginebra) el mandato a la comunidad internacional
de garantizar los derechos humanos básicos sin discriminación [...] A la
‘persecución’, por ejemplo, no definida por el texto de la Convención, se le ha atribuido
el significado de violación sistemática y sostenida de derechos humanos
básicos demostrativos de una quiebra en la protección del Estado”.
Para la definición de “daño grave” podemos citar el artículo 9 de la directiva
europea sobre normas mínimas de definición y contenido del estatuto, que establece
que los actos de persecución “deberán ser suficientemente graves por su
naturaleza o carácter reiterado como para constituir una violación grave de los
derechos humanos fundamentales”. En consecuencia, toda violación de los derechos
humanos que reúna dichas características debe ser considerada “persecución”.
Es necesario, por tanto, remitirse a los tratados internacionales en la materia,
tanto universales (en particular, los Pactos Internacionales de Derechos Civiles
y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) como regionales
(por ejemplo, la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos
y Libertades Fundamentales de 1950), para determinar si existe este requisito.
20