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LA SITUACIÓN DE LOS REFUGIADOS EN ESPAÑA
en algunas comunidades autónomas toma como referencia la franja más alta, por lo
que hay menores no acompañados que son excluidos de su derecho a ingresar en el
sistema de protección español.
Este tipo de actuaciones son especialmente perjudiciales cuando se otorga
más credibilidad a los resultados de estas pruebas que a la documentación oficial
donde consta su minoría de edad. En este sentido, el equipo multidisciplinar de
atención a menores no acompañados de CEAR en la Comunidad de Madrid ha recibido
a jóvenes originarios de diversos países del África Subsahariana, tutelados por
la Administración autonómica por su condición de menores en situación de
desamparo de acuerdo a lo que señalaba su pasaporte (expedido en muchos casos
por el Consulado de su país en Madrid). Estos menores indicaron que les habían
realizado pruebas médicas que habían determinado que eran mayores de edad, les
habían retenido el pasaporte, no les habían tramitado las autorizaciones de residencia
y, a consecuencia de los resultados de los análisis, habían sido excluidos de
los servicios sociales.
Entre los casos asesorados por CEAR en los que se ha incumplido la legalidad
estuvo éste:
Un menor natural de Malí, nacido en 1989, llegó a España en mayo de
2005 y al mes siguiente fue tutelado por la Comunidad de Madrid después de que
se le realizara una prueba médica que determinó como fecha de nacimiento el
1 de enero de 1989. A pesar de haber logrado su documentación, el pasaporte y
la partida de nacimiento, a este menor nunca se le cambió la fecha de nacimiento
en su expediente de tutela y en enero de 2006 se le dio de baja por haber
cumplido supuestamente la mayoría de edad y, además, no le devolvieron su
pasaporte.
Cuando CEAR preguntó a la Comunidad de Madrid las razones de la
retención de su documentación, la respuesta fue que contra este menor se iba a
formalizar una denuncia por posibles delitos “contra los derechos de los ciudadanos
extranjeros y de falsedades”, una denuncia que nunca se concretó según
las averiguaciones que el menor realizó en compañía de su abogado en el servicio
de información de los Juzgados de Plaza de Castilla.
En marzo de 2006 el menor empezó a solicitar de manera formal su documentación
a la Comunidad de Madrid a través de unos escritos presentados en
el Registro General del Instituto Madrileño del Menor y la Familia. Después de
haberla pedido por tercera vez, en mayo le devolvieron su pasaporte tras cuatro
meses sin conocer las razones de esta retención.
El 7 de septiembre, acompañado por un abogado del equipo de menores de
CEAR, se personó en el Grupo de Menores de la Policía Nacional para solicitar
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