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LA SITUACIÓN DE LOS REFUGIADOS EN ESPAÑA
Frente a la opción de los procesos de regularización a la que han recurrido los
sucesivos gobiernos desde 1985, CEAR siempre ha apostado por configurar en la
legislación de extranjería soluciones permanentes y a largo plazo para los solicitantes
de asilo que quedan sin protección.
Después del cierre de aquel proceso extraordinario, el Reglamento convirtió
los supuestos de autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales
en la única vía que incluye los supuestos de residencia por razones de arraigo
y se va a prestar ahora especial atención al llamado “arraigo laboral”.
Para lograr esta autorización por razones de arraigo laboral es preciso demostrar,
además de la carencia de antecedentes penales tanto en España como en el
país de origen, la permanencia continuada durante un periodo mínimo de dos años
y haber trabajado como mínimo durante un año con uno o varios empleadores. No
parecen requisitos difíciles de cumplir para las personas que se encuentran en
situación irregular pero que han tenido la condición de solicitantes de asilo durante
alrededor de dos años y han podido trabajar de forma regular una vez cumplidos
seis meses desde la admisión a trámite.
El problema surge cuando el Reglamento establece que la única forma de
demostrar la existencia de relaciones laborales es la presentación de una resolución
judicial que la reconozca o una resolución administrativa confirmatoria de
una infracción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Esta exigencia puede
concebirse como una forma de controlar el fraude de ofertas o contratos de trabajo
ficticios, pero no se entiende por qué no se ha incluido como medio de acreditación
de una relación laboral otro tipo de documentación oficial (por ejemplo, un
informe de vida laboral emitido por la Tesorería de la Seguridad Social del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales).
Con estas exigencias, el Gobierno evidencia así un desconocimiento absoluto
de la realidad de los extranjeros que durante algún tiempo disfrutaron de la regularidad
administrativa y que son colectivos social y laboralmente integrados como
los solicitantes de asilo, los que realizaron estudios universitarios y otros supuestos.
En estos casos no creemos que pueda ponerse en duda que el concepto de
arraigo existe, entendido éste como un grado de integración en el mercado laboral
español y los vínculos que estas relaciones laborales establecen con la sociedad
española en su conjunto.
Por tanto, el concepto de arraigo laboral debería interpretarse con independencia
del carácter legal o irregular de esos vínculos laborales y, si bien de la normativa
vigente se puede deducir que el trabajador extranjero irregular puede llegar
a estar arraigado laboralmente en nuestro país tras dos años de residencia y uno de
trabajo irregular, con más razón se puede considerar “arraigado laboralmente”,
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