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LA SITUACIÓN DE LOS REFUGIADOS EN ESPAÑA
como “Doctrina de la Seguridad Nacional”) por el ejército estadounidense y por las
dictaduras militares latinoamericanas, desde finales de los años 50 hasta el final de
los años 80, con el resultado de centenares de miles de civiles asesinados o “desaparecidos”.
Las similitudes entre aquellas prácticas de “guerra contrarrevolucionaria” y la
actual “guerra contra el terrorismo” son más que llamativas, ya que también ésta se
nos presenta como permanente y total porque “permanente”, se nos dice, es el peligro
terrorista, como antes dijeron que lo fue la “amenaza subversiva”. Es igualmente una
guerra integral que se libra entre todos los sectores sociales de los países afectados,
puesto que también en este conflicto se presenta al enemigo como camuflado entre la
sociedad civil, desprovisto de las enseñas de un ejército regular, por lo que toda la sociedad
debe ser vigilada para neutralizar al “enemigo interno”.
La inteligencia se vuelve a convertir en la mejor arma, con lo que es necesario
eliminar -o al menos disminuir- las garantías jurídicas que el Estado de derecho
reconoce a todo presunto criminal, incluido al más deleznable de los terroristas.
Y el enemigo sólo podrá destruirse si se emplean como armas de guerra la tortura,
la desaparición forzada, las prisiones clandestinas y, en definitiva, antiguos métodos
que ya hace muchos años que han sido rechazados por la humanidad porque
vulneran la dignidad humana en su conjunto.
BALANCE DE LA LEGISLACIÓN EXCEPCIONAL ANTITERRORISTA EN ESTADOS UNIDOS
A 11 DE SEPTIEMBRE DE 2006
Decíamos que todo método de combate contra el terrorismo que no respete los
contenidos esenciales del Estado de derecho, las garantías jurídicas inherentes a la
dignidad de la persona humana y, en general, que sea incapaz de diferenciarse en
sus métodos de los que utilizan quienes no ocultan su objetivo de acabar con la
democracia laica construida en torno al imperio de la ley —el Estado de derecho—
acaba mostrándose absolutamente ineficaz, salvo que transitemos directamente
y sin atajos hacia un Estado autoritario en el que no existan garantías jurídicas ni
derechos fundamentales como son el derecho a la presunción de inocencia, a la
defensa, al juez predeterminado por la ley y el respeto al principio de legalidad.
Durante sus cinco años de vigencia, la Patriot Act se ha mostrado absolutamente
ineficaz para el combate contra el terrorismo, ya que, por ejemplo, en
Estados Unidos tan sólo una persona ha podido ser acusada de participar en el
complot que organizó los atentados de Nueva York del 11 de septiembre de 2001,
mientras que, a finales de 2006, 470 personas permanecían secuestradas en
Guantánamo. Además, sólo se han presentado 16 acusaciones contra las más de
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