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INFORME 2007 DE CEAR
Sin embargo, la exigencia de que exista un convenio puntual o estable con sus
países de origen y la escasez de centros y plazas para ubicar a los miles de extranjeros
que cada año son detenidos por estar en una situación administrativa irregular
originan que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sólo soliciten a la autoridad
judicial el internamiento de aquellas personas detenidas que por su nacionalidad
pueden ser expulsadas porque exista un acuerdo con su país de origen o quienes,
además de estar en situación irregular, han cometido un hecho delictivo.
Por ello, la mayoría de las personas recluidas en los CIE son ciudadanos de
Marruecos, Colombia o Ecuador, países con los que España tiene un convenio estable
que permite ejecutar las expulsiones con agilidad, y en ocasiones estas cifras
han sido instrumentalizadas para promover la xenofobia y estigmatizar a los ciudadanos
de estos países, en particular entre los mismos policías.
En 2006, el Gobierno repatrió a 97.115 inmigrantes irregulares, 46.277 gracias
a las readmisiones en sus países de origen; 21.163 retornaron de manera
voluntaria y 11.383 fueron expulsados 7 .
En principio, en estos centros sólo está limitada la libertad de movimientos de
los internos y, de acuerdo con las previsiones legales, en ellos podrían vivir familias
enteras, con sus hijos, que por ello deberían tener un espacio adecuado.
Asimismo, el régimen de visitas debería ser prácticamente libre y tendría que existir
un espacio determinado para los abogados que presten su asistencia a los internos.
Pero la realidad de las personas que, sin haber cometido ningún delito, son
internadas en estas pseudocárceles es muy diferente.
Existen varios CIE repartidos por el territorio nacional, cada uno con sus
características propias. En Madrid, se ha construido recientemente uno en una
parte de los terrenos de la antigua prisión de Carabanchel (cuyas galerías albergaron
durante la dictadura a miles de presos políticos), que ofrece mejores condiciones
que el que estaba en el distrito de Moratalaz, ya en desuso.
En Barcelona, el de La Verneda fue reemplazado en agosto de 2006 por uno de
nueva construcción en la Zona Franca 8 y hay otro en Algeciras (Centro de La
Piñera) y en Málaga 9 (Centro Capuchinos) en los que, por los testimonios que se
conocen, las condiciones son peores que en algunas cárceles, ya que a los internos
no se les respetan ni siquiera los derechos que tienen los presos.
Por último, existen otros CIE en Tenerife (Hoya Fría), Gran Canaria (Barranco
Seco), Lanzarote y Fuerteventura (El Matorral), que hasta hace poco tiempo estaban en
pésimas condiciones e incluso ubicados en zonas tan inapropiadas como viejas terminales
de aeropuerto (en el caso de Fuerteventura y Lanzarote, donde continúa siendo
así) o en antiguos recintos militares. Y en Tenerife está el centro de Las Raíces, un
campamento militar que se emplea en función de las necesidades y cuyas condiciones
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