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LA SITUACIÓN DE LOS REFUGIADOS EN ESPAÑA
de vida han sido denunciadas por numerosos testimonios de personas que fueron
recluidas allí y por organizaciones sociales locales.
También en la Península se ha utilizado el recurso a viejos cuarteles militares
en la Isla Paloma (Tarifa) y en Algeciras (Centro de Las Heras) o incluso un
cocedero de mariscos en Almería, lugares donde las condiciones de vida son
pésimas y los derechos previstos por la legislación se ejercen con grandes dificultades.
Ni en Ceuta ni en Melilla existe un CIE, aunque hace algunos años también
tuvieron centros de internamiento “informales” como los de Canarias. De hecho,
cuando se ejecuta la expulsión de alguno de los residentes en los Centros de
Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI, dependientes del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales), debe ser trasladado previamente a un CIE, normalmente el de
Málaga o el de Almería.
Ha habido numerosas denuncias contra los Centros de Internamiento de
Extranjeros, bien contra su misma existencia, bien por hechos deplorables acaecidos
en su interior, por abusos de los funcionarios o por otros altercados. El escándalo
de mayor resonancia en 2006 fue el descubrimiento de que se abusaba sexualmente
de las internas del CIE de Málaga, sobre lo que se ha abierto un proceso
judicial. Al conocerse las denuncias, la respuesta de las autoridades fue expulsar a
una de las extranjeras víctimas de estos hechos e intentar expulsar a la otra testigo,
unas decisiones muy graves que refuerzan la impunidad de quienes vulneran la
legalidad en los CIE. A ello se une la desprotección de los internos, que no contribuye
a que estos delitos sean denunciados.
Han sido varias las reformas que ha sufrido la normativa que regula los CIE
debido a distintos motivos. Como no están considerados centros penitenciarios y se
habla de modo eufemístico de retención en su interior, y no de detención, hasta
fechas recientes su regulación estaba incluida en una Orden Ministerial de 22 de
febrero de 1999, que explicitaba los derechos de los internos, sus obligaciones y cómo
habían de ejercerse, aunque la realidad, por la falta de fiscalización, era más dura.
La disposición de internamiento de un extranjero siempre debe ser adoptada
por una autoridad judicial, al tratarse de una medida privativa de libertad, y debe
dictarse en el plazo de las 72 horas posteriores a que el extranjero sea interceptado
sin la documentación en regla y haber sido conducido a una comisaría. A causa de
la exigencia constitucional de que toda persona detenida debe pasar a disposición
judicial a las 72 horas, para decidir en cuanto a su reclusión, los CIE se han visto
afectados por sentencias sobre su régimen “especial”.
La última que destaca por su relevancia y su trascendencia para la reforma de
su regulación legal fue dictada el 20 de marzo de 2003 por el Tribunal Supremo al
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