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LA SITUACIÓN DE LOS REFUGIADOS EN ESPAÑA
reclamación verbal o escrita al director del CIE, una opcion ésta, sin embargo, de
difícil cumplimiento por la situación de vulnerabilidad en que se hallan.
El artículo 62 quinquies regula las medidas de seguridad que pueden adoptar
los funcionarios del CIE en el caso de que se produzcan incidentes, fugas u otros
problemas. Así, les autoriza a usar medios de contención física para evitar actos de
violencia o lesiones siempre que sean proporcionados a la finalidad perseguida
y su adopción debe ser aprobada por el director y comunicada lo antes posible al
juez que autorizó el ingreso de las personas involucradas en esos hechos. Por último,
el artículo 62 sexies regula el régimen de funcionamiento interno de los CIE y
determina las funciones y competencias de sus directores.
A pesar de la aprobación de la nueva regulación de los Centros de Internamiento
de Extranjeros, la realidad no ha variado mucho, ya que mantienen su carácter pseudopenitenciario
y persisten los numerosos problemas de acceso y de visita para familiares
y letrados, las pésimas condiciones vitales y la falta de información a los internos.
Es cierto que han mejorado algunas infraestructuras, como la construcción de los
nuevos en Madrid y Barcelona, pero se mantiene la injusticia central de tener encerradas
a personas que no han cometido ningún delito.
Las informaciones periodísticas sobre lo sucedido en el CIE de Málaga en
agosto de 2006 en torno a las graves denuncias sobre los abusos sexuales sufridos
por las internas y las fiestas nocturnas organizadas por los funcionarios atrajeron
la atención de la sociedad hacia estos centros durante un tiempo, aunque muy
pronto volvió a quedar en el olvido la suerte de las personas internadas en ellos.
El incremento del número de plazas ha permitido al Gobierno suscribir
acuerdos de readmisión con más países, la mayor parte de ellos africanos, por lo
que se ha aumentado el número de personas expulsadas. Sin embargo, CEAR y
otras organizaciones sociales siguen recogiendo testimonios que denuncian una
defectuosa asistencia jurídica y expulsiones a países de los que no son originarios.
Así, a muchos africanos francófonos se les envía a Senegal y a otros anglófonos
a Nigeria (países con los que existen acuerdos de expulsión de sus ciudadanos),
como ha denunciado en varias ocasiones Médicos sin Fronteras.
A pesar del aumento del número de plazas en los CIE y de las expulsiones conjuntas
pactadas con otros países de la Unión Europea para abaratar gastos, continúa
la dinámica de las autoridades de internar sólo a quien, además de la estancia
irregular en España, ha cometido un delito u otra infracción, mientras que se deja
en libertad a las personas a las que se les incoa un expediente de expulsión, aunque
quedan condenadas a una irregularidad absoluta.
En este contexto, el acceso al derecho de asilo en los CIE siempre es objeto de
preocupación. En principio, no debería haber numerosas personas susceptibles
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