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ango en Estados Unidos a raíz del escándalo de las torturas masivas en Abu
Grahib, la utilización de la tortura como “arma de guerra” era una indicación
incluida expresamente por el ex secretario de Defensa Donald Rumsfield en su
célebre memorando sobre interrogatorios a prisioneros 6 .
LA ‘PATRIOT ACT’ DE 26 OCTUBRE DE 2001
LA SITUACIÓN DE LOS REFUGIADOS EN ESPAÑA
Esta ley es el ejemplo máximo de norma aprobada de forma apresurada, sin calcular
sus consecuencias, para dar respuesta a un hecho grave que haya afectado a la
seguridad ciudadana, de unas normas pensadas más para tranquilizar a la opinión
publica que para convertirse en herramientas útiles para el trabajo de la justicia.
Sus contenidos son claramente lesivos para los derechos fundamentales y las libertades
públicas y civiles garantizadas en la Constitución de 1787.
Entre los puntos más oscuros está la creación de las llamadas “comisiones
militares”, unos verdaderos tribunales de excepción conformados por militares
legos (no profesionales del derecho), que instruyen, acusan y condenan sin que
el reo tenga derecho a presentar pruebas, a recurrir a un tribunal predeterminado
o a designar un abogado de su confianza. Además, permite la apertura de
“campos de prisioneros” para “combatientes enemigos” al margen de la legalidad
interna o internacional, sin control judicial alguno y sin acceso de observadores
independientes o de organismos multilaterales como las propias Naciones
Unidas.
Redefine la “tortura” de manera que ya no todo trato inhumano, cruel o degradante
que lleve aparejado sufrimiento físico o psíquico durante la detención, prisión
o interrogatorio se considera como tal, sino que tales tratos se conciben como
“presión” lícita sobre el prisionero a fin de extraerle información.
Autoriza la fiscalización masiva de datos personales de los ciudadanos, realizada
por las agencias de inteligencia, sin intervención ni control judicial. De esta
forma, se han practicado (y probablemente se siguen practicando) escuchas ilegales
en masa a ciudadanos estadounidenses, así como el acceso sin restricciones y posterior
almacenamiento de historiales médicos, datos fiscales, información sobre
transferencias económicas... Y permite la persecución física a inmigrantes así como
su detención sin cargos y sin control judicial durante un tiempo indefinido.
En este contexto, hasta marzo de 2007 el Tribunal Supremo de este país se
pronunció en dos ocasiones sobre aspectos relacionados con la legislación de
excepción antiterrorista incorporada al derecho interno por la Patriot Act y en
ambas subrayó la ilegalidad de los tribunales militares excepcionales creados para
juzgar a los llamados “combatientes irregulares” recluidos en Guantánamo. Y en dos
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