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INFORME 2007 DE CEAR
Malta; Italia se ocupó de doce ciudadanos eritreos; Andorra de otros cinco; España
de 19 personas y ACNUR de diez.
CEAR prestó asistencia jurídica a seis de los ciudadanos eritreos acogidos por
España. Después de solicitar asilo y de que su petición fuera admitida a trámite, estas
personas fueron acogidas en el Centro de Migraciones de Sevilla, gestionado por el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. En su reunión de febrero, la CIAR examinó
los expedientes y apoyó la concesión del estatuto de refugiado a dos de estas personas
y en otros tres casos propuso la protección complementaria, mientras que en sólo un
caso planteó la denegación de cualquier tipo de protección. Por tanto, ha quedado
en evidencia que entre los “inmigrantes” cuya tragedia ocupó la atención mediática
y social en julio de 2006 había personas que merecían protección internacional, aunque
las circunstancias de los refugiados casi siempre se olvidan en estas crisis.
El Reglamento de Dublín establece que las personas que desean solicitar el
estatuto de refugiado en algún país de la Unión Europea deben hacerlo en el primero
al que lleguen. En consecuencia, y como señaló CEAR en julio de 2006, era
Malta el estado responsable de estudiar todas las solicitudes de asilo de los náufragos
que rescató el Francisco y Catalina.
La negación de la evidencia de que algunos de éstos podían necesitar protección
internacional y del derecho a la asistencia letrada en casos como éste suponen
una grave violación de la Convención de Ginebra. La masiva presencia de ciudadanos
de Eritrea, un país inmerso en un grave conflicto bélico, hace que la valoración
sobre la actuación de los gobiernos involucrados en este episodio sea necesariamente
crítica. Su preocupación por el reparto de estas personas y por la acelerada
determinación de su nacionalidad en el propio pesquero, a fin de agilizar su repatriación,
y la ausencia de garantías de que estas personas no hayan sido enviadas a
países seguros ponen en entredicho su compromiso con la más básica protección
de los derechos humanos.
En cuanto a los cinco ciudadanos eritreos trasladados a Andorra, hay que
recordar que este país no ha suscrito la Convención de Ginebra. Aunque en un primer
momento se hizo público que eran acogidos en “régimen de refugiados” por el
Gobierno del Principado, a su llegada vieron autorizada de manera provisional su
permanencia durante tres meses. Allí explicaron que escaparon de su país hacía
más de un año porque les obligaban a ser soldados; atravesaron Sudán y, tras culminar
un recorrido de tres mil kilómetros llegaron a Libia, donde trabajaron para
conseguir los 1.100 dólares que les costó una plaza en la embarcación con destino
a algún punto no revelado de Europa.
A pesar del anuncio de que iban a ser acogidos como refugiados, estos cinco
ciudadanos eritreos recibieron un permiso de acogida por motivos humanitarios
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