entinema - Acnur

INFORME 2007 DE CEAR
Asimismo, podemos encontrar otras motivaciones fundamentales para la
persona refugiada que contribuyen al proceso de reconstrucción de su proyecto
de vida: el conocimiento de la cultura, el desarrollo de las habilidades para aquellos
que se han visto obligados a interrumpir sus estudios al tener que huir de su
país, la creación de lazos sociales ante el aislamiento o el aprendizaje del idioma...
De este modo, el voluntariado supone un elemento de cohesión crucial que
contribuye a neutralizar el miedo a lo desconocido y permite establecer relaciones
que generan una mayor capacidad de adaptación ante el cambio social, tanto
a los propios refugiados o inmigrantes como a los autóctonos.
En esta línea, los voluntarios inmigrantes y refugiados realizan un cambio
positivo en la sociedad mediante su compromiso, algo que fortalece la imagen de
este colectivo ante la sociedad de acogida y contribuye a la confianza mutua.
A modo de conclusión, destacamos que el voluntariado está ofreciendo en la
actualidad un espacio de participación alternativo a miles de ciudadanos cuya
exclusión se legitima institucionalmente a través del ordenamiento jurídico.
NOTAS
222
1. Probablemente, las consecuencias más importantes de esta toma de conciencia, por su carga simbólica,
fueron la detención de Augusto Pinochet en Londres el 16 de octubre de 1998 por orden de la Audiencia
Nacional española y la posterior declaración de nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto final
por parte de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Argentina.
2. Esta ley se complementa con una actividad frenética para suscribir convenios bilaterales con aquellos países
firmantes del Estatuto de la Corte Penal Internacional que garanticen la no aplicación de las previsiones
del Convenio de Roma a ciudadanos estadounidenses que estuvieran en territorio bajo soberanía de
estos terceros países. La firma de estos convenios bilaterales intenta convertirse en conditio sine qua non
para suscribir acuerdos bilaterales de cooperación en materia económica, política o militar.
3. Estos artículos establecen el uso de la fuerza entre Estados o en las relaciones internacionales sólo en el
caso de agresión (legítima defensa) o de imposición de medidas coercitivas o sancionadoras adoptadas
por las Naciones Unidas o sus órganos y siempre previa aprobación por parte del Consejo de Seguridad.
4. Hasta la fecha, todos los tribunales nacionales de terceros estados distintos de los Estados Unidos que se
han visto compelidos a procesar a personas detenidas previamente en Guantánamo han declarado la irregularidad
de tal centro de detención y la nulidad de las pruebas o confesiones obtenidas en dicho lugar.
En este sentido, recordemos las sentencias del Tribunal Supremo sobre dos casos referidos a ciudadanos
extraditados desde Guantánamo a España para su enjuiciamiento por la posible comisión de delitos de
terrorismo. Nuestro alto tribunal ha manifestado que “las pruebas incriminatorias así obtenidas no pueden
ser lícitamente utilizadas en procedimiento legal alguno”.
5. Fernando Mariño, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad Carlos III de Madrid y
miembro del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, ha escrito en un reciente articulo periodístico
que es “ilícito” colaborar de cualquier forma con aquellas autoridades que mantienen la prisión de
Guantánamo, incluso en el muy reservado terreno de la “inteligencia”.
6. Las técnicas recomendadas en el memorando, aplicadas previamente en Guantánamo por el ejército estadounidense
y la CIA, han sido denunciadas incluso por el FBI y consisten en imponer a los detenidos las
siguientes prácticas a fin de extraerles información útil para el combate contra el terrorismo: obligarles a
permanecer de pie durante mucho tiempo; perturbar de manera sistemática sus tiempos de sueño y de
comida; mantener de manera incesante un elevado volumen de música en las celdas de detención o interrogatorio;
no registrar su identidad para que sus familiares y abogados desconozcan su paradero; mantener
detenidos a menores en estas mismas condiciones; y garantizar la impunidad de los mandos involucrados
en estas prácticas.