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INFORME 2007 DE CEAR
sancionador e intimidatorio de la legislación de extranjería, con especial atención
a las dificultades constatadas para solicitar asilo desde ellos.
2.1. LAS ZONAS FRONTERIZAS Y LOS POLIZONES
En 2006 hubo 40 solicitantes de asilo más que en 2005 (5.297 frente a 5.257), pero
esta cifra sigue siendo muy reducida en comparación con las de los países de más
peso político, económico y demográfico de la Unión Europea, ya que por ejemplo
en Francia hubo 30.690; en Alemania, 21.030; en Italia, 10.110; y en el Reino
Unido, 27.850. De hecho, según los datos de ACNUR, en 2006 España fue el vigésimo
segundo país de la UE-27 que menos recibió en proporción a su población,
sólo por delante de los países bálticos, Rumania y Portugal.
El reducido número de solicitantes en España y el descenso sostenido que
también se produce en los otros países industrializados obedece a los crecientes
obstáculos que sus gobiernos están levantando para el acceso a los procedimientos
nacionales de asilo, ya que los conflictos que originan el éxodo de los refugiados
siguen presentes y la violación de los derechos humanos es una realidad cotidiana
y lacerante en la inmensa mayoría de los países 1 .
Las prácticas que limitan el acceso efectivo a la protección que otorga el estatuto
de refugiado suponen, sin duda alguna, una vulneración por parte de las autoridades
españolas de las responsabilidades adquiridas por nuestro país como signatario
de la Convención de Ginebra y del Protocolo de Nueva York de 1967, así
como de la Constitución y de la Ley de Asilo. Como cada año, se dedica un espacio
a analizar qué sucedió en Ceuta, Melilla y Canarias y con la llegada de polizones a
bordo de buques a puertos españoles.
Polizones. En 2006, CEAR continuó detectando casos en los que las autoridades
españolas vulneraron los derechos de estas persoas a disponer de asistencia
letrada o intérprete, esenciales en el acceso al procedimiento de asilo.
Por tanto, siguió sin aplicarse de manera sistemática la Instrucción de la
Delegación del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración de 9 de abril de
2002 (analizada en profundidad en los Informes 2003 y 2004 de CEAR), así
como la Instrucción de la Dirección General de Política Interior del Ministerio
del Interior de 14 de julio de 2005 , que completa la anterior y fue examinada en
el Informe 2006 de CEAR.
En el plano de las garantías jurídicas, destaca la sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 2 de Castellón de 21 de febrero de 2006, que
estimó un recurso interpuesto por CEAR-Valencia contra la actuación de la
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