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INFORME 2007 DE CEAR
aplicación del principio de no devolución…), ya por impedimentos de facto (falta
de colaboración de los países de origen), las crisis se prolongan en el marco de las
interminables gestiones diplomáticas, la inversión de cuantiosos recursos económicos
y un clima social de alarma originado por discursos incompatibles con la
defensa integral de los derechos humanos.
CEAR considera que existe un instrumento apropiado para afrontar estas crisis
humanitarias, la protección temporal, que además permitiría implicar a la
Unión Europea y a organismos internacionales como ACNUR en una mayor corresponsabilidad
y la búsqueda de soluciones a corto plazo. Así, el Reglamento de
Protección Temporal en Caso de Afluencia Masiva de Personas Desplazadas (aprobado
por el Real Decreto 1325/2003, de 24 de octubre) recoge su sólida vinculación
en el Derecho Internacional.
La situación de la población civil víctima de la guerra y la obligación de protección
dispensada por los Estados que no participan en el conflicto arranca, en
el Derecho Internacional Humanitario, de las Convenciones de Ginebra de 1949
y, especialmente, de su IV Convención. Asimismo, sucesivas declaraciones
regionales, como la de la Organización de la Unidad Africana (OUA) de 10 de
septiembre de 1969, o la de Cartagena de Indias de 22 de noviembre de 1984, han
configurado en el Derecho Internacional el principio de no devolución al país de
origen de la población civil que huye cuando éste está sumido en un conflicto
armado. Por último, la proliferación de conflictos armados internos en la década
de los años 90, en los que sectores de población civil se convirtieron en uno
de los principales objetivos militares, ha colocado el problema de la protección
de estas poblaciones amenazadas en un lugar preferente en los debates de la
comunidad internacional.
Se podría argumentar en contra de nuestra propuesta, a partir de la literalidad
de estas referencias, que estaríamos ante mecanismos sólo para los desplazados de
guerra, lo que desde la perspectiva restrictiva de la mayoría de los gobiernos occidentales
excluiría a la mayor parte de las personas que han llegado a nuestras costas
o han sido interceptadas. Sin embargo, la Convención de la OUA extiende la
necesidad de protección a todas aquellas personas que se hayan visto obligadas
a abandonar su país a causa de una agresión exterior, una ocupación, una dominación
extranjera “o de acontecimientos que perturben gravemente el orden público
en una parte o en la totalidad de su país de residencia”. Este desarrollo legal, que
encuentra eco en otras declaraciones americanas y asiáticas, puede perfectamente
ser aplicado a los actuales desplazamientos, en los que confluyen causas económicas,
sociales, políticas, medioambientales… que han afectado de forma muy grave
a la vida y el orden público de los países de origen.
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