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INFORME 2007 DE CEAR
gobiernos es desarrollar las políticas necesarias para garantizar efectivamente
la libertad de no emigrar. [...]
Denunciamos el tráfico y trata de personas, como así también el trabajo
esclavo dentro de los países de la CSN, especialmente de niños, adolescentes
y mujeres.
Exigimos que los países que no han ratificado la Convención Internacional
sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes
y de sus Familias lo hagan en breve y que aquellos que la ratificaron, la reglamenten
y la pongan en práctica, como así también el Convenio 143 de la OIT
y el Convenio 49 contra el Tráfico de Seres Humanos.
No se puede continuar con las políticas orientadas a criminalizar al inmigrante
y caracterizarlo de “ilegal”, eliminando la idea que la migración debe
ser asociada como el tema de la seguridad. La CSN debe desarrollar políticas
que garanticen una libre circulación y residencia a los emigrantes y acciones
compartidas para luchar contra la pobreza y la marginalidad asegurando a los
habitantes de cada país las condiciones para desarrollarse plenamente y con
bienestar.
La Declaración Final de la Cumbre Social del MERCOSUR, celebrada a mediados
de diciembre en Brasilia, también se inspira en la Declaración de Rivas:
Nosotros, representantes de los movimientos sociales y populares, ONG
y gobiernos de los cinco países miembros del MERCOSUR, integrantes del programa
Somos MERCOSUR, nos reunimos en Brasilia, los días 13 y 14 de diciembre
del 2006, durante la I Cumbre Social del MERCOSUR, actividad convocada
en conjunto con el Forum Consultivo Económico y Social, la Comisión
Parlamentaria Conjunta y la Comisión de Representantes Permanentes del
MERCOSUR, y afirmamos:
Exhortamos a los gobiernos a agilizar y simplificar la reglamentación de
la circulación de trabajadoras y trabajadores en el MERCOSUR; crear mecanismos
de armonización entre los países que garanticen los derechos de seguridad
social (salud, desempleo, pensiones); implementar el Plan Regional de
Inspección del Trabajo;
Atribuimos prioridad a la formulación de un marco jurídico de defensa de
los derechos de los inmigrantes en los países del MERCOSUR y Estados
Asociados, reconociendo el derecho humano a migrar como el derecho a la libre
circulación y fijación de residencia garantizado en la Convención, pacto y
declaraciones internacionales, enfatizando la necesidad de garantizar la
seguridad humana de todos los inmigrantes con independencia de su estatus
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