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INFORME 2007 DE CEAR
tan profundamente en el control de los flujos migratorios y en la lucha contra la
inmigración irregular.
Las fronteras entre los países ricos y desarrollados y los países pobres y subdesarrollados
son también la primera línea de batalla en la guerra global contra el
terrorismo. Así, proliferan las políticas de externalización de fronteras que, con la
excusa de combatir la inmigración irregular, trasladan el control de entrada en los
países occidentales hasta los territorios de los países potencialmente inestables
(inmersos en crisis económicas, sociales y políticas que los convierten en emisores
netos de emigrantes), con la intención de forjar un cinturón de seguridad en
materia de lucha contra el terrorismo que permite la no aplicación de las garantías
que el Estado de derecho reconoce a todo ciudadano (incluidos los no nacionales)
que residan en sus territorios o pretendan hacerlo una vez que han alcanzado la
frontera. De esta forma, proliferan los dispositivos de seguridad (militares,
policiales, guardacostas o de inteligencia) en territorios de terceros Estados, que
impiden no sólo el acceso de sospechosos de terrorismo, sino, lo que es más
cuestionable desde el punto de vista jurídico, de inmigrantes o solicitantes de asilo
y refugiados.
El denominador común de estas prácticas es la oposición de los países occidentales
que despliegan estos operativos a reconocer a las personas interceptadas
en los mismos por sus funcionarios los derechos que sus legislaciones nacionales
les reconocerían tanto en el supuesto de ser consideradas inmigrantes como
si fueran consideradas refugiados, por encontrarse, tanto unos como otros (funcionarios
occidentales e inmigrantes o refugiados) fuera de los Estados o territorios
de aplicación de dicha legislación garantista. Así, las políticas de externalización
de fronteras y la acción extraterritorial de las fuerzas de seguridad de los
países democráticos permiten la privación de derechos y garantías fundamentales
a miles de personas que, conforme al Derecho Internacional, nunca podrían ser
privados de estos.
Esta tendencia está causando igualmente un endurecimiento de las legislaciones
penales de los países de origen y tránsito de inmigrantes y refugiados en su itinerario
hacia el mundo económicamente desarrollado, un fenómeno que es todavía
más trágico si se considera que estos países se han caracterizado por carecer de
legislaciones garantistas o, en el caso de tenerlas, por carecer de mecanismos efectivos
de garantía de los derechos civiles y políticos de los sectores excluidos.
Por ello, y por la imposibilidad de garantizar mínimamente a sus poblaciones
los derechos económicos y sociales, los más jóvenes, fuertes y preparados de entre
sus ciudadanos se convierten inexorablemente en candidatos a la emigración,
regular si fuera posible, pero irregular y con un inmenso coste económico y en
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