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INFORME 2007 DE CEAR
Al frenar las llegadas y dificultar las salidas se generan rutas alternativas peligrosas,
como ha ocurrido en Canarias a lo largo de 2006. La consecuencia previsible
será el enriquecimiento de las mafias cuanto mayor sea el riesgo de la ruta
y crezca el número de víctimas mortales en el intento de encontrar un lugar seguro
donde vivir.
LA CRISIS DEL DERECHO DE ASILO
La crisis se manifiesta también en el descenso de las solicitudes de asilo: constatada
desde 2004 en casi toda Europa, se ha acelerado en 2006 según los datos de
ACNUR. Este descenso es más visible en países como Bélgica (-27 por ciento),
Alemania (27 por ciento) y Austria (41 por ciento). Hay excepciones como Holanda
(+17 por ciento) y Suecia (+39 por ciento).
Por otro lado, y como se podrá leer en el capítulo 4 de este Informe, continuaron
descendiendo las cifras de concesiones del estatuto de refugiado, motivadas
por una cada vez más restrictiva interpretación de la definición de refugiado.
Algunos países, como Holanda o Suiza, hicieron aún más rígidas sus leyes de asilo.
Hablamos de crisis del derecho de asilo porque entendemos que las causas
que producen refugiados no han cambiado: en 2006 hubo conflictos que provocaron
numerosos desplazamientos forzosos; las violaciones de derechos humanos
se mantienen y los regímenes sin credibilidad democrática persisten, en buena
medida, gracias al apoyo político de algunos países ricos y al respaldo económico
(petróleo, minerales) de distintas empresas multinacionales.
Mientras los férreos controles fronterizos obstaculizan la llegada de inmigrantes
y refugiados y la respuesta política se concentra en protegerse del efecto
llamada, otros casos ofrecen ejemplos esperanzadores. La fotografía de los veraneantes
arropando con una toalla a un muchacho subsahariano recién llegado a una
playa de Gran Canaria en el verano de 2006 habla por sí sola, al igual que el testimonio
de humanidad ofrecido por los marineros del Francisco y Catalina.
“Nosotros no somos héroes, somos pescadores”, explicaban los tripulantes de
este pesquero en julio de 2006, cuando, después de liberar a 51 emigrantes de una
muerte segura en aguas del Mediterráneo, se convirtieron en protagonistas involuntarios
de la atención popular y recibían el reconocimiento de diversas instituciones.
Tras una semana de negociaciones diplomáticas entre los gobiernos de
Malta, Libia, Italia y España, con la mediación de la Unión Europea, se alcanzó por
fin un acuerdo y los náufragos fueron desembarcados y distribuidos entre distintos
países. A España llegaron 19 personas de este grupo y CEAR prestó asistencia
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