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LA SITUACIÓN DE LOS REFUGIADOS EN ESPAÑA
cumplirse los nueve meses de tutela o antes, por la imposibilidad de regresar a su
país debido a su condición de solicitante de asilo. La tramitación de la autorización
de residencia del menor es una responsabilidad compartida de los Servicios de
Protección del Menor de la Administración autonómica, en cuanto a la solicitud,
y de la Delegación de Gobierno en lo relativo a la concesión.
Cuando el menor ha sido reconocido como tal tras someterse a las pruebas de
determinación de la edad, el Ministerio Fiscal lo pone a disposición de los servicios
de protección de menores y, de acuerdo con lo establecido en el artículo 92 del
Reglamento de Extranjería, la Administración, de acuerdo con el principio de reagrupación
familiar, valorará si procede su repatriación o su permanencia en España, tal
y como se examinará en profundidad en el último epígrafe de este capítulo.
Como se ha señalado, el procedimiento de tutela se inicia de oficio por el
organismo autonómico competente en la materia, que normalmente cede la custodia
a entidades privadas, como ONG o instituciones religiosas que se financian
a través de los servicios de protección de menores. En estos centros permanecen
hasta que alcanzan la mayoría de edad y aprenden español, son escolarizados o
reciben formación para integrarse en el mundo laboral y en la sociedad española.
Los dos tipos de residencia más comunes son los centros de acogida y los pisos
compartidos, que lamentablemente muchas veces sólo son centros para extranjeros,
lo que impide una integración adecuada.
El artículo 92.5 del Reglamento de Extranjería señala que, transcurridos
nueve meses desde que el menor ha sido puesto a disposición de los servicios de
protección de menores, se procederá a otorgarle la autorización de residencia (sus
efectos se retrotraerán al momento en que el menor haya empezado a ser tutelado).
Y la Disposición Adicional Primera de la Ley de Extranjería establece un plazo de
tres meses para la tramitación de los documentos de los extranjeros que se encuentren
en España y que se tramiten y resuelvan con carácter de urgencia las solicitudes
de residencia de forma conjunta, presentadas para menores que al alcanzar la
mayoría de edad en los siguientes tres meses, en virtud del artículo 14 de la Ley del
Menor, obliga a todas las Administraciones públicas a prestar cualquier tipo atención
inmediata que se precise.
A pesar de lo establecido en el Reglamento de Extranjería, en la Comunidad de
Madrid hay muchos menores, tanto de origen marroquí como subsahariano, a los
que no se les ha tramitado o se les ha interrumpido el trámite de la autorización de
residencia aunque hayan cumplido el periodo de nueve meses de tutela. Por tanto,
muchos menores no acompañados permanecen en territorio español hasta los 18
años sin poder solucionar su situación administrativa y, una vez alcanzada la mayoría
de edad, se ven abocados a una situación de marginalidad casi absoluta por su
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