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INFORME 2007 DE CEAR
ocasiones el Gobierno de Bush modificó la legislación para sortear las limitaciones
establecidas por el Tribunal Supremo.
La llamada de atención más seria que recibió la Casa Blanca fue la sentencia
del Tribunal Supremo de 29 junio de 2006, en la que por primera vez se pronunció
sobre la legalidad constitucional de la Patriot Act a raíz del recurso interpuesto por
el abogado defensor (un oficial de la marina designado para actuar en Guantánamo)
del ciudadano yemení Salim Hamdam, más conocido como “el chófer de Bin
Laden”, confinado en esta base militar estadounidense desde 2001. Esta sentencia
(moderadamente reprobatoria de la situación de ausencia de garantías constitucionales
que permite la citada legislación excepcional) señaló, en primer lugar, que
Estados Unidos está obligado a cumplir el imperio de la ley en vigor, lo que incluye
no sólo la totalidad de la legislación interna, sino también los convenios internacionales
suscritos por este país.
En segundo lugar, rechazó las denominadas “comisiones especiales para juzgar”
por ser contrarias al derecho interno e internacional. Y, en tercer lugar, autorizó
la existencia del centro de detención de Guantánamo, pero obligó a tratar a los
presos allí recluidos como “prisioneros de guerra” y, por tanto, a aplicarles el derecho
y las garantías contenidas en las Convenciones de Ginebra de 1949 de Derecho
Internacional Humanitario.
A pesar de que aquella sentencia hizo hincapié en aspectos muy importantes
para corregir la aplicación de la Patriot Act, el Gobierno estadounidense la ha ignorado
y hasta el momento su única consecuencia ha sido la renovación de esta ley en
octubre de 2006 por sólo un año y no por el lustro previsto inicialmente 7 .
El 2 de abril de 2007 el Tribunal Supremo, en una nueva resolución, rechazó el
derecho de los detenidos en Guantánamo a recurrir su situación de detención
indefinida ante los tribunales de ese país por entender que la consideración de
“combatiente extranjero irregular”, que autoriza, no confiere el derecho a recurrir
a tribunales ordinarios, aunque en su resolución no descarta volver a pronunciarse
sobre al situación de estos detenidos si su situación legal “se deteriora aun más”.
Ahora la única vía de defensa para los detenidos en aquella cárcel ilegal es comparecer
ante las “comisiones especiales” militares, encargadas de dictaminar la legalidad
de su detención, y posteriormente ante otros tribunales de excepción militares
que procederán a juzgarles.
La “guerra global contra el terrorismo”, generadora del estado de excepción
global que venimos denunciando, tiene demasiadas similitudes con aquella otra
que bajo la denominación de “guerra contrainsurgente” o “contrarrevolucionaria”
se libró a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, en el marco de la guerra
fría, primero por el ejército francés en Indochina y Argelia y después (teorizada
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