Análisis de los desarrollos normativos del Sistema para la ... - pwc

Régimen jurídico vigente
Todo ello puede suponer que aun en el supuesto de que las Administraciones
competentes cumpliesen estrictamente con los plazos límites establecidos
en el referido artículo 42 de la LRJAP y PAC desde el momento en
el que se inicie el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia
hasta que se produzca la emisión del PIA puede llegar a pasar
más de un año.
Este es el caso, por ejemplo, de la Comunidad Autónoma de Galicia, que
establece que la resolución de reconocimiento de la situación deberá dictarse
y notificarse al solicitante en un plazo máximo de seis meses tras la valoración,
pero después establece un nuevo plazo de 6 meses desde que se
notifica la resolución de reconocimiento para que se emita resolución estableciendo
el PIA.
Eso siempre que se resuelva en plazo y no entre en juego el silencio administrativo,
lo que está ocurriendo de manera relativamente frecuente.
A mayor abundamiento, algunas CC AA ni siquiera establecen plazo de
inicio del procedimiento de establecimiento del PIA. Esto implica que el beneficiario
se encuentra en una situación de inseguridad jurídica porque el
plazo desde que se inicia el procedimiento de solicitud de reconocimiento
de la situación de dependencia hasta que se produce la resolución de establecimiento
del PIA está jurídicamente indeterminado.
Como consecuencia resulta posible que, desde la presentación de la solicitud
de reconocimiento a los Servicios Sociales hasta la aprobación definitiva
del Programa Individual de Atención (PIA), la eficacia práctica de todo el
sistema se difiera en el tiempo, siendo los más graves perjudicados —precisamente—
las personas en situación de dependencia que deberían ser los
más beneficiados y protegidos por la Ley.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que las Administraciones competentes
son las que deben iniciar de oficio la confección y posterior aprobación
del PIA (una vez dictada y notificada la resolución de reconocimiento
de la dependencia). En consecuencia, los plazos previstos en la normativa
sólo empezarían a computar teóricamente desde el momento en que la propia
Administración lo decida.
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