Análisis de los desarrollos normativos del Sistema para la ... - pwc

Análisis de los desarrollos normativos del SAAD
elaborar el dictamen-propuesta, previa a la adopción de la resolución del
procedimiento (en esta situación, cabe citar los ejemplos de Islas Baleares,
Madrid, o La Rioja).
Frente al supuesto anterior, la principal diferencia se encuentra en que los
valoradores no forman parte del órgano que asume la realización del dictamen-propuesta:
de este modo, se ha configurado normativamente una separación
entre las fases de valoración (valoración propiamente dicha y elaboración
del dictamen-propuesta). Esto permite que la decisión no esté supeditada
al criterio único de un solo órgano, que el valorador pueda llevar a cabo su
evaluación con total objetividad (sin condicionar, por tanto, la decisión final) y,
al tiempo, que su opinión pueda ser a su vez objeto de revisión o matización.
— Atribución a diferentes profesionales dependientes de la Administración
Autonómica: las funciones de valoración se atribuyen a profesionales
de las Administraciones Públicas que, por sus características, se considere
que están capacitados para poder reconocer, graduar y reconocer la situación
de dependencia. Ello supone que no haya tenido lugar la creación de
un órgano específico. Dichos profesionales, personalmente, son los que ejercen
las funciones en materia de dependencia (por ejemplo, Castilla y León).
La principal diferencia con respecto a las Comunidades Autónomas que
han optado por atribuir las competencias a un órgano específico (preexistente
o de nueva creación) es el carácter de unipersonalidad de este último:
en tales casos, las funciones son atribuidas a un órgano colegiado preexistente;
en esta modalidad, por el contrario, su desempeño se atribuye a un
profesional dependiente de la Administración.
Al margen de las distintas opciones y desde un punto de vista práctico,
la efectividad de uno u otro modelo depende, no tanto de la fórmula o esquema
organizativo adoptado, sino del perfil de los profesionales concretos
que terminan interviendo en la valoración de la situación de dependencia: el
hecho de que estos sean técnicos en la materia, que tengan conocimientos
específicos sobre las situaciones que deban evaluar y las necesidades reales
las personas valoradas, son los elementos determinantes del correcto
funcionamiento del sistema.
82