Análisis de los desarrollos normativos del Sistema para la ... - pwc

Servicios y prestaciones económicas
prestaciones económicas vinculadas al servicio, ello sería posible simplemente
eliminando los términos “de atención y cuidado” de la redacción del
artículo 17 dedicado a la prestación económica vinculada al servicio.
Por otro lado, y sin excluir lo anterior, mientras tanto se podría realizar
una interpretación extensiva de la Ley considerando que la prestación económica
vinculada al servicio no va únicamente dirigida a los de atención y
cuidado si no a todos los servicios del catálogo contemplado en el artículo
15 de la Ley, lo cual sería más acorde con el espíritu de la misma, que otorga
la misma importancia a las dos vertientes del derecho: la promoción de
la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia.
Al valorar esta posible alternativa, siempre es preciso que quien la vaya
a recibir tenga en cuenta que la cuantía de las prestaciones económicas
es muy inferior al coste de cualquier servicio, incluido el de promoción
de la autonomía personal, por lo que resulta más gravosa para las personas
en situación de dependencia y sus familias que la obtención del propio
servicio.
También es preciso resaltar que esta solución, por su propia naturaleza
debe tener necesariamente carácter transitorio puesto que tal y como establece
el artículo 14.2 de la Ley, los servicios tienen carácter prioritario
sobre las prestaciones económicas y, por tanto, únicamente podría utilizarse
en tanto no se creen dichos servicios. Su adopción tampoco puede servir
para justificar que la Administración no cumpla con su obligación
de creación de los servicios.
A la finalización de este estudio, conforme a la información estadística del
Sistema, los servicios de prevención de las situaciones de dependencia junto
con los de promoción de la autonomía personal (ni siquiera se disponen
de datos individualizados para cada servicio) suponen un 0,23% de las prestaciones
totales concedidas, es decir, no están teniendo virtualidad real.
Por todo ello, es necesario recalcar que esta posibilidad no eximiría, en
ningún caso, a las Administraciones Públicas de la obligación de poner
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