Análisis de los desarrollos normativos del Sistema para la ... - pwc

Régimen jurídico vigente
cluyen el procedimiento y deciden sobre el fondo de la solicitud del interesado:
el reconocimiento o no de la situación de dependencia. Son, por tanto,
impugnables conforme a esta regla general —ante los órganos administrativos
o los órganos judiciales— en función de las normas específicas
adoptadas por cada Comunidad Autónoma.
La situación más habitual, atendida la normativa autonómica, es que se
establezca la necesidad de interponer un recurso administrativo de alzada
frente a las resoluciones que deciden sobre la dependencia (así como
frente a las desestimaciones por silencio presunto). Estos recursos son resueltos
por el superior jerárquico del órgano competente para decidir el procedimiento
de reconocimiento de la situación de dependencia.
No obstante, en las Comunidades Autónomas del Principado de Asturias,
Islas Baleares y en el Territorio Histórico de Vizcaya, ha sido previsto que la
resolución del procedimiento pone fin a la vía administrativa por lo que, en
principio, sería susceptible de impugnación a través del recurso potestativo
de reposición o directamente ante los tribunales de lo contencioso-administrativo
(recurso contencioso-administrativo).
En cuanto a los plazos de interposición de los recursos, estos son los siguientes:
— Recursos administrativos (alzada y reposición) será de un mes a contar
desde la notificación de la resolución si esta fuera expresa y de
tres meses en los supuestos en que se haya producido su terminación
por silencio administrativo;
— Por su parte, el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo
sería de dos meses si la resolución fuese expresa y de seis meses
en el supuesto de que se hubiese producido silencio administrativo.
h) Revisión del grado o nivel de dependencia
El artículo 30 de la Ley 39/06 establece que el grado o nivel de dependencia
será revisable, a instancia del interesado, de sus representantes o
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