Análisis de los desarrollos normativos del Sistema para la ... - pwc

Antecedentes normativos
3. Promover la autonomía personal y atención a las necesidades de las
personas con dificultades en la realización de las actividades básicas
de la vida diaria (ABVD).
Para el cumplimiento de tales finalidades, el SAAD establece tres niveles
de protección (art. 7):
• El nivel mínimo de protección garantizado por la Administración General
del Estado. 10
• El nivel de protección que se acuerde entre la Administración General
del Estado y las CCAA, a través de los Convenios previstos en
la Ley. 11
• El nivel adicional de protección que pueda establecer cada Comunidad
Autónoma.
La existencia de estos tres niveles de protección tiene consecuencias
prácticas: dependiendo de las circunstancias de las personas, la protección
—como veremos, concretada en servicios o prestaciones económicas— que
aquéllas reciban es susceptible de variar, dependiendo de si están incluidos
en el ámbito de los convenios de colaboración suscritos o si su residencia
está localizada en una Comunidad Autónoma que haya establecido prestaciones
adicionales. Todo ello, aunque el nivel mínimo de protección esté debidamente
garantizado, es un factor que —en la práctica— es susceptible
de generar diferencias entre los beneficiarios.
En último lugar, resulta necesario destacar que la Ley 39/2006 establece
el sistema de financiación del SAAD en su artículo 32, el cual obliga tanto
a la Administración General del Estado, como a las Comunidades Autónomas
a dotar de los medios económicos suficientes para dar respuesta a
las objetivos de la misma, determinándose anualmente en los correspondientes
presupuestos.
10
Desarrollado por los Reales Decretos 614/2007, de 11 de mayo y 74/2009, de 30 de enero.
11
Resoluciones de 4 de abril de 2008 por el que se publican los Convenios de Colaboración
entre el Estado y las diferentes CC AA.
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