Análisis de los desarrollos normativos del Sistema para la ... - pwc

Servicios y prestaciones económicas
Al igual que en el resto de casos, a partir de las reglas generales, las distintas
Administraciones autonómicas han contemplado este servicio —de uno
u otro modo, pero siempre sin novedades, distinciones o restricciones relevantes—
en sus normas respectivas:
• Andalucía, Aragón e Islas Baleares: prevén que las personas en situación
de dependencia reciban “asesoramiento, orientación y asistencia
en tecnologías asistidas y adaptaciones que contribuyan a facilitar la
realización de las actividades de la vida diaria, servicios de rehabilitación,
de terapia ocupacional, así como cualesquiera otros programas de
intervención que tengan como finalidad la promoción de su autonomía
personal”.
• En definitiva, básicamente se limitan a incorporar lo previsto en el Real
Decreto 727/2007 en relación con este servicio. Así, sólo en el caso de
Aragón se realiza una incorporación de interés, al añadirse que los servicios
de promoción de la autonomía personal incluyen también el fomento
de habilidades sociales, ocio participativo y facilitación de la integración
en el proceso ocupacional-laboral.
• Cantabria, Galicia y las ciudades de Ceuta y Melilla: prevén expresamente
que los servicios de promoción de la autonomía personal que se
faciliten a personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental
puedan incluir el fomento de habilidades sociales, del ocio, participativo
y de la integración en el proceso ocupacional-laboral.
• Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana: contemplan, en términos
imprecisos, que la intensidad del servicio se adecuará a las necesidades
personales de apoyo para facilitar la autonomía, a la infraestructura
de los recursos existentes y a la normativa autonómica.
• Madrid: al tratar los servicios de prevención y promoción, la Orden
2386/2008 efectúa una remisión únicamente al artículo 5 del Real Decreto
727/2007 que se refiere a la intensidad del servicio de prevención,
omitiendo toda referencia a los servicios de promoción (que se regulan
el artículo 6 del Real Decreto).
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