Análisis de los desarrollos normativos del Sistema para la ... - pwc

Servicios y prestaciones económicas
quede disponible; y ii) las cuantías de la prestación fueran revisadas
como único medio para poder dar una respuesta más adecuada a
este fin.
C. En muchos casos, ante la inexistencia de un servicio determinado
en la red del SAAD, suele reconocerse a los beneficiarios la percepción
de esta prestación transitoria. A partir de aquí, los propios usuarios llevan a
cabo la búsqueda de un servicio privado que les ofrezca una atención adecuada
a su situación. De acuerdo con lo dispuesto en el sistema, tras identificar
dicho servicio, utilizan la prestación económica recibida para el pago
del coste inherente al mismo.
Esta situación, aún normativamente configurada como “transitoria” puede
convertirse en algo bastante estable (pues persiste hasta que tiene lugar
una asignación de una plaza vacante, lo que puede tardar en suceder, según
las dotaciones e infraestructuras que existan) y dar lugar a que las personas
en situación de dependencia disfruten durante un período prolongado
del servicio establecido, gracias a la prestación económica vinculada.
Esto supondría que se iniciaran y consolidaran las actuaciones específicas
del servicio, los programas de apoyo y la intervención directa en relación al
usuario.
Podría ocurrir entonces que, siempre dependiendo del caso concreto, la
sustitución de la prestación vinculada al servicio por el propio servicio (normalmente
por existir una nueva vacante en un centro que —hasta entonces—
careciera de ella), pueda no resultar del todo adecuada, ya que empeore
la calidad de los apoyos que el beneficiario hubiera venido disfrutando
hasta el momento (objetivos planteados y desarrollo personal, condiciones
objetivas del servicio —frecuencia de atención, cercanía al domicilio…—, entre
otros).
Siendo así, no habría de olvidarse que uno de los principios inspiradores
de la Ley 39/2006 (artículo 3) es la permanencia de los beneficiarios en el
entorno donde realizan su vida, con el objeto de causar el menor trastorno
posible al beneficiario.
209