Análisis de los desarrollos normativos del Sistema para la ... - pwc

Régimen jurídico vigente
febrero, por el que se modifica el Real Decreto 614/2007, de 11 de mayo,
sobre nivel mínimo de protección del Sistema para la Autonomía y Atención
a la Dependencia garantizado por la Administración General del Estado, establece
en su artículo único que las aportaciones de la Administración General
del Estado en concepto de nivel mínimo garantizado para cada beneficiario
quedan condicionadas al cumplimiento de los requisitos de la Ley
39/2006, y en cualquier caso a “que el procedimiento de reconocimiento de
la situación de dependencia haya sido iniciado a solicitud del interesado o
de quien ostente su representación.”
Por lo tanto, y de acuerdo con el tenor literal de la norma, en los supuestos
de inicio de oficio del procedimiento por la Administración Autonómica,
podría quedar excuida la aportación de la Administración General del Estado
del nivel mínimo garantizado.
El procedimiento se inicia por la presentación de una solicitud o instancia.
Las Comunidades Autónomas han aprobado modelos de solicitudes de
inicio del procedimiento, a la vez que han determinado los diferentes documentos
que deben presentarse junto con la solicitud. A pesar de que en cada
Comunidad Autónoma se exigen unos documentos u otros (el detalle puede
consultarse en el correspondiente anexo, en el que se realiza un análisis
de cada Comunidad Autónoma), los requerimientos de documentación
generalmente tienen por objeto acreditar la personalidad del solicitante
y su representante, las circunstancias de su residencia, así como el
estado de salud de la persona. A tal fin, suele ser exigido un informe específico
al respecto.
En relación con este Informe sobre la Salud de la persona (documento
fundamental y necesario para obtener el reconocimiento), cabe señalar que:
a. El mismo debe presentarse en los modelos que han sido aprobados al
efecto por cada Comunidad Autónoma. No existe regla general acerca
de la persona que debe firmarlos: en algunos casos, se exige expresamente
que se trate de “médicos” (Cantabria, Galicia, Madrid, La Rioja,
Vizcaya); en otros se habla de “profesionales de la salud” (Castilla y
León); en el resto, únicamente se indica de que sea “emitido por los ser-
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