Análisis de los desarrollos normativos del Sistema para la ... - pwc

Régimen jurídico vigente
• La capacidad económica no sólo es tenida en cuenta para determinar
la participación económica en el coste de prestación de los servicios del
catálogo, sino también para el cálculo de las prestaciones económicas.
En este sentido, Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer 25 afirma que:
“[…] respecto a las prestaciones económicas, el art. 13.2 establece que «la
capacidad económica del beneficiario se tendrá también en cuenta en la
determinación de la cuantía de las prestaciones económicas». En puridad,
esa capacidad económica se tendría en cuenta para el acceso y para determinar
la cuantía de esas prestaciones económicas, en principio sustitutivas
a la prestación de un servicio y vinculadas a él (no sólo en el art. 16).
La participación en el coste será respecto al tipo y coste del servicio que
trata de financiar la prestación económica lo que, desde la perspectiva de
la protección social, presupone la insuficiencia económica de ese beneficiario,
salvo que se entienda un derecho universal de ciudadanía social
como son la educación o la sanidad. Por lo demás, el art. 31 ha previsto
la deducción de la cuantía de la prestación económica a cualquier otra prestación
de análoga naturaleza y finalidad establecida en los regímenes públicos
de protección social, haciendo referencia a algunas en particular.”
3.6.2. Desarrollo normativo
El precepto que establece esta regla general de participación de los beneficiarios
en el coste de servicios y prestaciones económicas es, como se
ha expuesto, el artículo 33 de la Ley 39/2006. Este precepto se pronuncia
en los siguientes términos:
“1. Los beneficiarios de las prestaciones de dependencia participarán en
la financiación de las mismas, según el tipo y coste del servicio y su
capacidad económica personal.
25
“La cobertura de la situación de dependencia” Relaciones Laborales, Nº 5, Sección Editorial,
Quincena del 8 al 23 Mar. 2007, Año XXIII, pág. 55, tomo 1, Editorial LA LEY.
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