Análisis de los desarrollos normativos del Sistema para la ... - pwc

Análisis de los desarrollos normativos del SAAD
• El PIA puede ser objeto de revisión, no sólo de oficio (en la forma y con
la periodicidad que haya determinado cada Comunidad Autónoma), sino
también a instancia del beneficiario o como consecuencia de un
cambio de domicilio que suponga un traslado de CCAA.
• Esta participación activa del interesado (o de sus representantes legales)
en el procedimiento de elaboración del PIA supone que la aceptación
de los servicios o prestaciones propuestos no sean obligatorios: el
interesado puede negarse a su aceptación si la Administración no recoge
las propuestas que ha realizado.
En cierto modo, estamos ante un procedimiento dialogado o negociado
entre ambas partes. De esta manera, como ha expresado el Profesor Mercader
Uguina:
“No resulta, sin embargo, obligatorio aceptar los servicios del plan individual.
Si los servicios sociales consideran que lo adecuado para algún caso
es una plaza en una residencia, no se obliga a ingresar en ella. El interesado
podrá declinar el ofrecimiento.”
“También puede ocurrir, en sentido contrario, que los servicios sociales no
autoricen ayudas que se soliciten. Así, podrá ocurrir, que el dependiente
solicite una prestación por el cuidado que le dispensa un familiar, pero los
servicios sociales podrán considerar que no es la solución adecuada y proponer
en su lugar la ayuda a domicilio en lugar de la prestación económica
familiar. En todo caso, siempre se valorará la petición del beneficiario.”
En la normativa de todas las Comunidades Autónomas se ha respetado el
derecho del interesado a ser consultados de forma previa al establecimiento del
PIA e, igualmente, a tener facultad de elección entre las alternativas que son
propuestas por los Servicios Sociales, deduciéndose la importancia que este aspecto
tiene en el procedimiento de elaboración y posterior aprobación del PIA.
En cualquier caso, independientemente de las consideraciones favorables
de las que es merecedor este sistema de consulta previa y libertad de elección
del interesado, no hay que olvidar que —en último extremo— la facultad
decisoria compete a la Administración Pública pues, en caso de diferen-
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