Análisis de los desarrollos normativos del Sistema para la ... - pwc

Régimen jurídico vigente
• Respecto de las funciones mínimas señaladas por el Acuerdo del Consejo
Territorial, de fecha 22 de enero de 2007, las normativas autonómicas las
recogen sustancialmente. La única diferencia radica en que, en función del esquema
organizativo adoptado, se atribuyen en su conjunto al órgano de valoración
o se reparten entre los valoradores (a quienes se atribuye fundamentalmente
la aplicación del baremo de valoración o la escala) y el órgano o
equipo (a los que se encomienda la elaboración del dictamen-propuesta).
• En lo que se refiere a la composición de los órganos de valoración
y titulación de sus miembros, la práctica totalidad de las normas autonómicas
establecen la necesidad de que estén formadas por profesionales del
área social o sanitaria. En su condición de excepciones de esta regla general,
pueden citarse los casos de Aragón, Cataluña, Navarra o La Rioja (en
los que no se hace mención expresa a la titulación a ostentar por los distintos
profesionales del órgano de valoración).
En tales casos, ante la ausencia de una previsión sobre la formación que
deben reunir los miembros del órgano de valoración, ha de entenderse que
éstos deben ser siempre profesionales del área socio sanitaria, puesto que
así ha sido indicado en Acuerdo del Consejo Territorial antes citado.
Por su parte, las Comunidades Autónomas que detallan la composición
de sus órganos de valoración han optado por diferentes alternativas:
— Simple exigencia del carácter social o sanitario de los profesionales:
se trata de aquellos supuestos en que la normativa de las Comunidades Autónomas
se ha limitado a exigir que los profesionales del órgano de valoración
pertenezcan al área o social o sanitaria, sin detallar ni precisar titulación
específica (es el caso de Comunidades Autónomas como Andalucía o
Extremadura, entre otros).
— Determinación de los profesionales sanitarios integrados en el órgano
de valoración: la normativa autonómica habría definido los perfiles profesionales
concretos que deberían integrar los órganos de valoración. En estos
casos, se prevé con carácter general la participación en los órganos de valoración
de médicos, psicólogos y trabajadores sociales, mientras que —en
83