ESTADO AMBIENTAL DE BOLIVIA

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miento y comercialización externa e interna de soya genéticamente modificada
resistente a glifosato Evento 40-3-2, viola y contradice las disposiciones del DS
24676 en el que se establece que el Viceministerio de Recursos Naturales y Medio
Ambiente es la autoridad competente para autorizar o denegar las solicitudes de
actividades con OGMs en el país. Asimismo, el DS 28225 del 01/07/05, que aprueba
la introducción, uso y consumo de soya transgénica al país, también viola las
disposiciones del DS 24676.
Sin duda alguna la incorporación del cultivo de soya transgénica ha afectado la
imagen exterior de Bolivia como “país biodiverso, pluricultural y multiétnico y país
ecológico”. Esto hace peligrar mercados ganados sobre la base de la agricultura
tradicional, ecológica y sostenible practicada por los miles de campesinos e indígenas
del país.
FALSOS ExPERImENTOS
Con la emisión del DS 28225, el gobierno boliviano comete el gravísimo error de
aprobar ensayos experimentales e informes técnicos de la Empresa Monsanto,
avalados en este caso por la Oficina Regional de Semillas de Santa Cruz, quienes
abogan ante el Comité Nacional de Bioseguridad que la introducción de soya
transgénica “no traería consecuencias negativas ambientales ni a la salud de los
consumidores bolivianos”. 35
Todo el accionar de la empresa estaba al filo de la Ley o era ilegal; los cultivos de
soya transgénica en Bolivia eran “experiencias piloto semicomerciales” - si bien,
gracias a las políticas agrícolas que favorecían a la gran industria agrícola, estaban
subsidiados con fondos públicos. 36
Los procedimientos seguidos para la realización del análisis de riesgo del impacto
ambiental no fueron los adecuados y no abarcaron todos los posibles riesgos de
contaminación ambiental en el marco de la Ley Nº 1333. No se realizó ningún
estudio o análisis de riesgo del impacto social ni económico, por parte de ninguna
autoridad competente en el tema, referente a la introducción de la soya RR
a Bolivia. Tampoco se analizaron los siguientes aspectos de competitividad con
respecto al tema:
• La dependencia del agricultor al herbicida glifosato.
• La dependencia de los agricultores por comprar el paquete herbicida-semilla.
No se tomaron las precauciones para evitar que las empresas semilleros puedan
obligar a la firma de contratos que estipulen que sólo su herbicida puede
ser aplicado a sus propias semillas, o que prohíban a los agricultores guardar
semillas para sembrar en la siguiente cosecha, lo que sería contrario a la legislación
nacional.
• La aceleración de la evolución de resistencia de especies de malezas por el
35 Claro que la Monsanto, que produce semilla transgénica de soya, no iba a colocar en su
informe que toda la semilla transgénica de soya era de la misma empresa y que Monsanto
promovió esta campaña para establecer una dependencia y un control nunca visto sobre
productores y consumidores, solicitando la aprobación de la Oficina Regional de Semillas
de Santa Cruz y del Comité Nacional de Bioseguridad. Tampoco se hizo referencia a la
contaminación del maíz nativo de México, de la que la empresa Monsanto es responsable.
36 Con el Decreto, podrían legalizar sus actividades y continuar contaminando por ejemplo a
las variedades de soya introducidas en la década del 70 y 80 por el Centro de Investigación
Tropical (CIAT) que dependía en ese entonces de Cordecruz; la introducción de estas variedades
había costado al país y a la fecha se constituyen en variedades locales y adaptadas
a las condiciones ambientales del Departamento de Santa Cruz que son usadas por miles
de pequeños y medianos productores de soya, los que ahora corren el riesgo de perder
esta semilla local por la introducción de semilla transgénica de soya.