ESTADO AMBIENTAL DE BOLIVIA

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Consejo, en los hechos, la dirección de las reuniones estaba normalmente a cargo
de “facilitadores”, que eran consultores de ONGs o del SERNAP. Finalmente, como
vimos, sus representantes fueron desplazados de la presidencia. De esta manera,
el Estado tomaba para sí el control de una instancia de representación que, según
sus propias normas y objetivos, correspondía a los indígenas.
Uno de los temas que subyace a la problemática del Pilón Lajas, es el derecho al
aprovechamiento de los recursos naturales. Como mencionamos antes, en la primera
crisis entre la TCO y la RB-PL, los representantes indígenas denunciaron que el
destino de los recursos económicos era fundamentalmente conservacionista y no
el desarrollo económico-productivo de la TCO, y que el financiamiento destinado
a este rubro se estaba destinando a los colonizadores.
En ese entonces, VSF ya habían advertido sobre el peligro de que la falta de alternativas
llevara a los indígenas a una alianza con los madereros. 38 Efectivamente,
los indígenas de algún modo estaban presionados para insertarse en la dinámica
del mercado, dada su necesidad de dinero para enfrentar gastos en educación,
alimentación, atención médica, y otros que derivan del proceso mismo de cambio
cultural. En este contexto de transformaciones impuestas por la modernidad,
el dinero se constituye en un medio para lograr el ascenso social, y para acceder
a la generalmente subestimada importancia que los indígenas asignan a su integración
a la sociedad nacional. Al interior de las comunidades, esta integración
suele representar una condición de superioridad a la del mantenimiento de determinados
patrones culturales “tradicionales”.
Frente a estos problemas y necesidades crecientes no resueltos por más de una
década, la alternativa económica más viable para los indígenas era su relación
con los madereros, dispuestos a pagar por los árboles de la TCO. En esta situación,
las restricciones impuestas por la RB-PL a la explotación de los recursos naturales,
aún en el supuesto caso de que las normas se aplicaran con justicia y equidad
para todos los sectores, eran sujetas de ser cuestionadas ante la ausencia de alternativas
económicas reales.
La lógica de una conjunción entre la conservación de la naturaleza y la preservación
de la cultura y sociedad indígena, va quedando atrás frente a la creciente
dependencia indígena del aprovechamiento de la naturaleza como fuente de
dinero. Y como el proceso de cambio cultural parece irreversible, se puede avisorar
una gradual campesinización de los indígenas. Y a medida que esto sucede,
su derecho exclusivo a la TCO, tiende a ser vista como un injusto privilegio por los
“otros” campesinos. Tal es la situación en un área protegida vecina (el Parque
Nacional Madidi).
Los peligros que ha enfrentado el AP hasta el momento, han sido mayormente
externos (por ejemplo: madereros), pero, al presente existen signos preocupantes
del descontento de los pobladores de la TCO con el área protegida. Esto se expresa
claramente en la intervención de una mujer tsimane’ en el taller de corregidores
del 3 de noviembre, 2005: “[…] los colonos dicen que no es nuestro territorio,
dicen que es del gobierno…”.
Cuánta flexibilidad permiten los funcionarios de la RB-PL a las actividades extractivas
de uno u otro sector, es el eterno tema de la búsqueda de un correcto equilibrio
en la aplicación de las leyes; tomando en cuenta el principio de parque
con gente, es muy difícil de lograr teniendo en cuenta derechos preexistentes al
“trabajo” y la ocupación de espacios para fines productivos, sustentados en la
Constitución Política del Estado. Estos derechos preexistentes se contraponen a
38 Plan de Manejo, 1997-2001.