ESTADO AMBIENTAL DE BOLIVIA

Actualmente con recursos del Tesoro General de la Nación, el Viceministerio de
Biodiversidad Recursos Forestales y Medio Ambiente, quien es la autoridad competente
en temas ambientales, participa con el 1,8% del presupuesto del Ministerio
de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, existiendo una subejecución presupuestaria
a nivel departamental y municipal.
En relación a la implementación de mecanismos o fondos de financiamiento nacionales
para la gestión ambiental, el caso de aplicación más relevante es el Régimen
Forestal, cuyo actor líder es la Superintendencia Forestal, como órgano regulador,
controlador y fiscalizador. Ha recaudado cerca de 70 millones de dólares
desde la puesta en vigencia del actual régimen forestal, hace 10 años 55 . Casi la
totalidad de estos ingresos provienen de los aportes por conceptos de patentes y
tarifas de regulación forestal que han sido pagados por usuarios del bosque, permitiendo
un desarrollo significativo de la autosostenibilidad del modelo.
Sin embargo, el desafío mayor de este mecanismo se proyecta hacia el logro de
un mayor nivel de aplicación efectivo, en buena medida debido a vacíos de coordinación
del sistema público descentralizado del gobierno, el relacionamiento
poco armónico con el sistema de Superintendencias establecido y la escasez de
recursos materiales y técnicos para las operaciones de control y fiscalización del
bosque.
El régimen forestal ha logrado democratizar el acceso a recursos forestales, permitiendo
que actores sociales de base cuenten con más de 3 millones de hectáreas
bajo manejo forestal sostenible. Este sector representa el 3% del PIB del país y su
importancia radica en la generación de empleo, particularmente rural, de más
de 90 mil familias de manera directa y 160 mil con empleo derivado de la actividad
forestal. Se estima que el sector exporta 200 millones de dólares anualmente,
colocándose en el segundo lugar de exportaciones no tradicionales después de
oleaginosas.
Un segundo mecanismo financiero que potencia la gestión ambiental promoviendo
la conservación de biodiversidad es implementado a través de la Fundación
para el Desarrollo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (FUNDESNAP), creada
en un marco de organización privada sin fines de lucro, que a partir de 2001 se
propone contribuir a la sostenibilidad financiera y desarrollo integral del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas mediante la canalización de recursos, gestión y administración
eficiente en el marco de la política del SNAP.
FUNDESNAP en su corta vida institucional logró canalizar alrededor de 22,9 millones
de dólares americanos contabilizados hasta el año 2000, planteándose desafíos
de sostenibilidad que van más allá de la canalización de recursos financieros y
que incluyen criterios de sostenibilidad social y política. La multiplicidad de actores
que intervienen en la gestión de un área protegida - y en la suma e interrelación
que conforma el sistema nacional - promueve de manera natural la necesidad de
construir bases de co-financiamiento y corresponsabilidad de gestión que orienten
la política de sostenibilidad del SNAP de este proceso.
El Sistema Nacional de Áreas Protegidas es financiado con recursos provenientes
de cooperación internacional en un 95%; 3% es generado por aporte propio,
proviniendo estos recursos del sistema de cobros por servicios ambientales relacionados
con el sector de turismo en áreas de alto ingreso, y el 2% restante proviene
del Tesoro General de la Nación. En este escenario el FUNDESNAP se constituye de
55 La Cámara Forestal Boliviana estima que al menos el 50% de estas recaudaciones han sido
distribuidas en más de 123 municipios y 8 prefecturas coadyuvando en las tareas relacionadas
con el sector forestal.
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