ESTADO AMBIENTAL DE BOLIVIA

Debe enfatizarse además la escasa importancia del tema ambiental en los ámbitos
prefecturales y municipales, lo cual propició que no se comprenda el rol de
las áreas protegidas ni se busquen procesos de articulación con las dinámicas de
desarrollo. 11
Los aspectos anteriores se reflejaban inevitablemente en una baja prioridad a la
hora de la asignación de presupuestos, lo cual agudiza la debilidad crónica de la
gestión ambiental, fomentando instituciones débiles y sin capacidades, que difícilmente
pueden realizar adecuados procesos de fiscalización y seguimiento a la
aplicación de los diversos instrumentos de regulación, a la protección de la vida
silvestre o el mantenimiento de las áreas protegidas. Producto de la no priorización
de la temática ambiental como política de Estado, por varios años se dio escasa
atención al tema de los acuerdos y convenios internacionales, por ejemplo
al Convenio de Biodiversidad, estrechamente relacionado al tema de las áreas
protegidas.
La debilidad de la gestión de áreas protegidas tiene por tanto raíz en la debilidad
de la gestión ambiental en general. Por otra parte, el SNAP carece de una inserción
y articulación efectiva con las políticas públicas y procesos claves, como el
ordenamiento o planificación territorial y del uso del suelo. Sin embargo, la debilidad
de la gestión ambiental no explica por sí sola los avatares por los que pasó el
Sistemas de Áreas Protegidas desde su creación el año 1992, y existen varios otros
elementos intrínsecos que deben ser analizados.
NORMATIvA DéBIL y PREEMINENCIAs sECTORIALEs
La Ley madre del SNAP es la Ley del Medio Ambiente (Ley 1333), que junto con el
Reglamento del SNAP son las únicas normas que tienen una relación directa con
las áreas protegidas. Esto implica que el andamiaje normativo de las áreas es muy
débil y que existen muchos vacíos, en tanto que los pocos instrumentos legales
están desactualizados. 12 Esto es válido incluso para la Ley 1333, donde los vacíos y
falencias observadas a lo largo de su débil aplicación, no han sido subsanados. Al
contrario, existe la intencionalidad en oficinas y autoridades de Estado de flexibilizarla
para dar paso a la exploración petrolera, precisamente dentro de las áreas
protegidas. Este intento de “perforación” de la norma, se apuntala en las visiones
desarrollistas antes mencionadas y en ciertos movimientos sociales y cívicos regionales
que tiene sus propios intereses.
El Reglamento General de Áreas Protegidas, aprobado el año 1996, ha sido la herramienta
legal que el SERNAP usó para interponerse en diversos intentos de avasallamiento,
en algunos casos de forma exitosa, incluso ante normas poderosas
como el Código de Minería o la Ley Forestal. De cualquier forma, en la actualidad
tiene un elevado grado de obsolescencia y debilidad, en función a las profundas
modificaciones sociales, políticas y económicas que viene experimentando el
país, en los dos últimos años especialmente. Por tanto es imprescindible promover
su actualización y fortalecimiento estructural y de fondo. Un avance sustancial implicaría
contar con una Ley de Biodiversidad, que jerarquice el tema de las áreas
protegidas.
11 Entre 1997 y 2003 especialmente, se acrecentó un rechazo abierto al “Estado neoliberal”,
del cual desafortunadamente era parte el SERNAP. Lo que en general se ignoraba o se
quería ignorar era que el tema áreas protegidas, al igual que la gestión ambiental en su
integridad, constituía un paria dentro la maquinaria estatal y que carecía de apoyo tanto
del Estado como de los movimientos sociales.
12 FAN 2005; SIRENARE/SERNAP 2005.
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