ESTADO AMBIENTAL DE BOLIVIA

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La instrumentación legal ambiental insuficiente ha ocasionado debilidad en la
gestión ambiental y ha llegado a perjudicar al SNAP, dificultando la realización de
procesos de control y fiscalización eficientes; como resultado de ello, los impactos
a la calidad ambiental y a los ecosistemas se han multiplicado y agravado en
los últimos 12 años. 13 Pero el principal problema no radica en las insuficiencias o
deficiencias de las normas, sino en las debilidades en la aplicación de estas, vale
decir en sus operadores (debilidades institucionales). A esto se suma la inexistencia
de fiscalías ambientales especializadas. Es generalizada la falta de un adecuado
seguimiento a los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), a los Programas de Prevención
y Mitigación (PPM) y a los Planes de Aplicación y Seguimiento Ambiental
(PASA). Esto repercute en múltiples omisiones y contravenciones de la norma y
estimula la inobservancia de las normativas ambientales por parte de actores sociales
y sectores económicos, de forma que existe un recrudecimiento de los impactos
y afectaciones en diversas regiones del país. En general, se traduce en una
discrecionalidad indeseable en el campo ambiental por parte de las empresas.
Algo que se ha observado de forma recurrente es que las normas ambientales son
en esencia punitivas y coercitivas, pero no son preventivas.
La preeminencia de ciertos sectores económicos tiene relación con la preeminencia
de las leyes que los soportan. Los procesos de exploración y explotación
de recursos no renovables en general, gozan de privilegios que se apuntalan en la
generación de beneficios económicos inmediatos y tangibles a la nación, gozando
desde hace varias décadas de un apoyo casi irrestricto por parte del Estado.
Esto ha ido de la mano con un rechazo por los temas ambientales, por ser considerados
como obstáculos al desarrollo. Casos se han dado en especial a nivel de
la minería corporativa transnacional grande, la minería cooperativa, el sector de
hidrocarburos, la empresa privada, o la Cámara Agropecuaria del Oriente, para
citar los más importantes. 14 La preeminencia del sector hidrocarburífero ha sido
tan evidente que el sector ambiental llegó a considerar como un triunfo el haber
incorporado en el marco de la nueva Ley de Hidrocarburos la obligatoriedad de
coordinar entre la autoridad de áreas protegidas y el Ministerio de Hidrocarburos,
las actividades de exploración al interior de las áreas.
También las unidades ambientales sectoriales (p.ej. UMA o Unidad Medio Ambiental
de Hidrocarburos) se caracterizan por una marcada debilidad y subordinación
a las oficinas de las cuales dependen. Un claro ejemplo se denota al observar el
organigrama de YPFB, la atención del tema ambiental que es tan crítico en un
sector caracterizado por generar grandes impactos, no tiene la jerarquía de una
gerencia ambiental, no forma parte de las ocho gerencias técnicas que tiene
dicha empresa, y es una simple dirección aislada, junto la dirección de recursos
humanos. La progresiva transferencia de la administración de los hidrocarburos
a YPFB (o la minería en manos de COMIBOL), si bien se considera una reivindicación
estatal necesaria, desde el punto de vista ambiental da escalofríos. En los
años que le tocó ejercer protagónicamente la administración de la exploración y
explotación (1970-1996), demostró escasa responsabilidad ambiental, incluso después
de aprobada la Ley del Medio Ambiente y sus reglamentos. Uno de los principales
argumentos para exigir la aprobación de la Ley de Medio Ambiente a fines
de los años 80, fue precisamente el accionar discrecional de la empresa estatal.
Como resultado de ello se tiene una enorme acumulación de contaminación por
pasivos ambientales mineros y petroleros en las regiones donde se explotaron estos
recursos.
Se debe notar la superposición existente entre las áreas protegidas y concesiones
13 FAMNK 2006; FAN et al. 2005. La Prensa, 9 de septiembre de 2007.
14 Ribera 2006,2007.