ESTADO AMBIENTAL DE BOLIVIA

fue la experiencia de Chuquiña en conflictos ambientales anteriores con la empresa
minera Inti Raymi. Aunque los comunarios de Japo no contaban con tal
experiencia, se sumó a la iniciativa de la gente de Chuquiña. En acción conjunta
con el Comité Cívico Departamental de Oruro, que había logrado el apoyo de
una institución internacional, tomaron la previsión de filmar las evidencias del derrame
y realizar la toma de muestras para su análisis de laboratorio. Como consecuencia,
recién diez meses después del derrame se procedió a la limpieza del
petróleo. Para ello el Estado, a través de la Prefectura se vio forzada a amenazar
a las comunidades con declararlas infractoras a la ley “por resistirse a la limpieza
del petróleo”. De hecho, en Chuquiña y Japo no se terminó el proceso de compensación,
debido a la duración del proceso legal contra Transredes. Tal proceso
se extendió tanto que según nuestra fuente, se hizo demasiado tarde para que
fueran compensadas. Este fue el “premio” conseguido por este par de comunidades,
que de manera ejemplar tuvo un planteamiento firme en defensa de su
medio ambiente.
El caso del derrame de petróleo de Transredes en el río Desaguadero el año 2000,
es uno de los más expresivos en cuanto al papel permisivo del Estado, que permitió
que la empresa manipulara el desastre como si se tratara de un asunto de
interés privado entre dicha empresa y las comunidades, violando las leyes y los
derechos de los campesinos.
El Estado no sólo jugó un rol pasivo, sino que llegó a presionar directamente a
las comunidades para que firmaran los convenios maliciosamente elaborados por
Transredes; además retrasó la auditoria ambiental y obstruyó el nombramiento de
fiscales de la auditoría. Las autoridades de gobierno, desde el viceministro de Energía
hasta el presidente de la República, se manifestaron minimizando los impactos
y aventurando posibles montos de las multas sin mediar ningún proceso que les sirviera
de base; aplicaron sanciones administrativas a la empresa con el objetivo de
evitar que fuera procesada por otra vía y con este mismo fin se retrasó la auditoría
ambiental. Se utilizó este retraso como pretexto para dilatar la adopción de otras
medidas, pese a que la auditoría no sustituye los procedimientos penales.
Los pasos seguidos por la empresa se pueden resumir del siguiente modo: Hizo que
el Estado no interviniera como correspondía; sembró la división entre los comunarios
para evitar que actuaran en conjunto, neutralizó o puso de su parte a las autoridades
de Estado locales, hizo que el problema generado a las comunidades quedara
aislado del conjunto del país, realizando una campaña mediática a nivel nacional
sosteniendo que los damnificados estaban “bien atendidos” para evitar que otros
sectores se solidarizaran con ellos; contrató un equipo de antropólogos de la universidad
de Oruro, que jugaron un rol importante en la aplicación eficaz de muchos
procedimientos estratégicos en contra de las comunidades, y logró finalmente una
posición tal, que le permitió desempeñar con holgura el rol de juez y parte.
El CASO PIlóN lAjAS
La Reserva de la Biosfera y Territorio Indígena “Pilón Lajas” (RB-PL) ostentó desde su
creación la calidad de Reserva de la Biosfera y a la vez, Territorio Indígena. Aunque
al presente la coexistencia de estas dos categorías parece contradictoria en extremo,
hace dos décadas se consideraba viable combinar la conservación del medio
ambiente y la preservación de las culturas indígenas. En un pasado no muy lejano
las instituciones ambientalistas parecían guiarse por el supuesto de que los indígenas
– particularmente los amazónicos − eran aliados per se del interés conservacionista.
A consecuencia de ello, en el Pilón Lajas no existieron iniciativas serias para apoyar
a las comunidades indígenas en el plano económico y productivo, subestimando la
posibilidad de que pudieran ceder a la influencia del mercantilismo.
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