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De lo anterior se desprende que los objetivos de la política de desarrollo social se
encuentran definidos de forma fragmentaria y dispersa; las capacidades básicas a
las que un individuo debería tener acceso no se encuentran apropiadamente
definidas en la legislación vigente, ya sea en la Constitución o en las leyes
secundarias. Por ejemplo, el Artículo 4to de la Constitución menciona que:
Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El
Estado lo garantizará.
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y
bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro
ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo
dispuesto por la ley.
Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para
consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.
El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y
modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos
hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas
y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de
dichos fines.
Si bien éstos son conceptos fundamentales y el cumplimiento de los derechos es
la columna vertebral de la Constitución, en ningún momento se hace referencia a
los indicadores relevantes para medir los derechos ni a los instrumentos y
recursos necesarios para su garantía. ¿Qué es exactamente la alimentación
suficiente y de calidad ¿Cómo se mide ¿Cómo sabemos si se está cumpliendo
o no con la Constitución y los derechos La medición de pobreza que lleva a cabo
el CONEVAL determina algunos de estos indicadores, pero éstos no son
indicadores de cumplimiento de derechos sociales sino pisos mínimos de
desarrollo social.
El Congreso tampoco previó cuál sería el mecanismo para financiar el logro
progresivo de los derechos sociales. Lo anterior implica una contradicción básica
en el proceso normativo: La Constitución obliga a una serie de preceptos, pero la
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EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL EN MÉXICO, 2014