Revista Volumen V - Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y ...

8cumpla la prestación que la norma indica.No se ha de pretender aquí mencionar todos y cada uno de tales principios generales. Ha debastarnos considerar los más manifiestos. No puede faltar en esta consideración, como es obvio,aquel principio que nos obliga a respetar los compromisos libremente asumidos, esto es, el quedeclara pacta sunt servanda; ni tampoco el que nos obliga a reparar, en forma específica o porequivalente, todo daño injustamente causado por nosotros. 21 Más tampoco puede faltar otroprincipio, complementario del anterior: el que obliga a restituir el enriquecimiento injustamenteobtenido 22 o, lo que es igual, el derecho que se ejercita para obtener reparación de aquellos dañosque sufrimos, sean ellos de carácter patrimonial o moral, y que presentan un nexo causal con elbeneficio de otro, cuando el beneficiario no logra exhibir un título que lo autorice a retener talbeneficio.Sabido es que este principio tiene una noble prosapia, que se descubre en las condictionesromanas; que fue proclamado por el jurista Pomponio, quien vivió en el siglo II de nuestra era,según aparece en el Digesto; que fue acogido y difundido por los glosadores y post-glosadoresmedievales; que fue incorporado a numerosísimos códigos, desde el de las Siete Partidas, de DonAlfonso X el Sabio, en el siglo XIII, hasta los más recientes; que allí donde los códigosomitieron mencionarlo como tal principio, como es el caso del código Napoleón y de los que enél se inspiraron -o bien donde no hubo código, como en la mayoría de los países anglosajones-,hubo que introducirlo por vía jurisprudencial. 23 Por todo lo anterior, no cabe la más mínima dudade que tal principio cumple con la condición de haber sido reconocido por las nacionescivilizadas. Es algo sabido, además, que no sólo rige como principio general con caráctersubsidiario respecto a las normas de Derecho civil, sino que inspira muchas de tales normas,como son, por ejemplo, las relativas al pago de lo no debido, a la gestión de negocios ajenos, a lacláusula resolutoria tácita de los contratos, a los casos de accesión, a las prestaciones mutuas quese deben el reivindicante y el poseedor vencido cuando la reivindicación prospera, etc. Tambiénes sabido que a este principio se le ha reconocido vigencia en el Derecho internacional. 24 Cabedestacar, por fin, que el carácter racional y necesario que de suyo tiene es tal, que se le desprendede la mera lectura atenta del Libro V, relativo a la justicia, de la Ética Nicomaquea deAristóteles, para quien la injusticia en la distribución se caracteriza por la carencia de uno y elexcedente de otro. 25 La aplicación del principio en estudio viene a constituir una vía paralela a lade la imputación de culpabilidad para que, quien ha sufrido un daño, pueda obtener reparacióndel mismo. Tiene la ventaja sobre la responsabilidad fundada en la culpabilidad de que norequiere para su procedencia la prueba, a menudo difícil de aportar, de que hubo dolo onegligencia, sino sólo la de que, entre lo perdido de una parte y lo ganado de otra, hay un vínculode conexión causal. Esto significa que este modo de responsabilidad opera sobre un supuesto derelativa objetividad, libre de toda actitud recriminatoria. Tiene, claro está, el inconveniente deque la reparación estará limitada, si no se ha dispuesto otra cosa, al quid minus, vale decir, a la21Véase, de George Ripert, Les règles du Droit civil applicables au rapports internationaux (contribution a l’étude des principesgénéraux du Droit visés au Statut de la Cour Permanente de Justice Internationale), II Recueil des cours de l’Académie, 569 ss.22Véase, G. Ripert, supra nota 21 a las págs 631-32, y también D.P. O‟Connell, The Law of State Succession, 105, (1956).23Véase mi ensayo titulado “La responsabilidad fundada en el enriquecimiento injusto y su proyección hacia los problemas éticojurídicosy políticos de nuestro tiempo”, en Rev. Jur. de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, vol. XXIV, No. 2, eneroabrilde 1990, pp. 193 a 211.24Véase el libro de O‟Connell, supra nota 22 en la pág. 105; cf., por ejemplo, el caso de Lena Goldfields (1930) y lo que sobreello escribe Alain Pellet, Recherche sur les principes généraux du Droit en Droit International, 169, tesis (1974), citado por E.Zoller, supra, nota 18, en la pág. 243.25Et. N., L. V, 7, 113lb, 17 a 20.